Maria Idalia Gomez

Son seis años ya y todavía se desconoce dónde están 40 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y ni siquiera están presos todos los responsables: exfuncionarios municipales, integrantes de Guerreros Unidos y posibles policías federales. Esto es una desgracia para las familias y la justicia de este país, pero no es una novedad. Lo que sí es novedoso es lo que pretende el nuevo grupo de investigadores en su afán por aparentar que destruyen la verdad histórica: acusar a todos los funcionarios que, consideran, abonaron con su trabajo, a conformarla. 

Es por esa razón que fue acusada la agente del Ministerio Público Federal Blanca “N”, porque aseguran que participó en la redacción de esa verdad histórica en colusión con una serie de servidores públicos, comenzando con el entonces procurador Jesús Murillo Karam. 

Es decir, mientras la funcionaria acreditó cada una de sus actuaciones como debía, y se puede ver en el expediente, debe pagar por los errores de un procurador y de Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, que no respetaron los procedimientos. Esto sólo se entiende porque el nuevo equipo e investigadores que encabeza Omar Gómez Trejo, no tiene los elementos para demostrar que fue una acción de Estado que operó en la noche de Iguala para desaparecer a los estudiantes y ha decidido que esta es la única forma.

De seguir acusando a servidores públicos que sí cumplieron con su trabajo, no torturaron ni falsearon información y, por el contrario, a ellos se debe que los pocos detenidos que existen tengan acusaciones por delincuencia organizada, esta Fiscalía se convertirá en lo que nunca imaginamos que sería: una fábrica de culpables. 

En estos últimos días han circulado muchos rumores y afirmaciones provenientes de la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República, la más insistente es que serán detenidos militares que habrían colaborado esa noche con el Grupo de Guerreros Unidos.

El expediente no muestra eso, tampoco las indagatorias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo que sí planteó en cambio, en su Recomendación, líneas muy claras que deben ser investigadas, pero simplemente las han hecho a un lado: las omisiones de los militares al no auxiliar al grupo de fútbol de Los Avispones; revisar porqué una patrulla militar fue al Hospital Cristina y sólo obligó a los normalistas a despojarse de sus playeras, les tomaron fotografías y les quitaron sus teléfonos celulares, e indagar una hipótesis crucial: sus posibles vínculos con el crimen organizado en la región.

Es este último punto el que explicaría porqué el 27 Batallón se mantuvo al margen y fue omiso esa tarde-noche, pero no su participación directa en la desaparición de los estudiantes, lo que legalmente hace un abismo de diferencia. Para quienes conocen las reglas y normas militares saben que los de más alto rango deben asumir esa responsabilidad, porque la tropa sigue órdenes, entonces incluso jurídicamente hay que diferenciar los grados de responsabilidad.

Suman 20 meses desde que Gómez Trejo se convirtió en el jefe de la unidad que investiga Ayotzinapa en la Fiscalía, y en todo este tiempo ha caído en varias contradicciones sobre sus actuaciones y descubrimientos. Lo que nunca ha explicado es por qué, después de tanto tiempo, no envía a los laboratorios de Innsbruck los 114 restos identificados y clasificados por peritos de la CNDH, de Argentina, y de la ahora Fiscalía. Varios de esos especialistas muy reconocidos internacionalmente. 

La respuesta, pareciera, es porque podrían encontrar entre esos restos a más estudiantes de la normal de Ayotzinapa, y eso le robaría la razón y bandera.

En este nuevo informe los reporteros no podremos preguntar, porque no permitirán el acceso. Debo decir que es la primera vez que esto ocurre en el caso Iguala. Hubo más apertura antes (salvo en la época de Raúl Cervantes y Elías Beltrán, que simplemente no dieron la cara). ¿Por qué acallar esta vez y sólo contar su verdad sin poder preguntar? 

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