El diagnóstico sobre la crisis de seguridad en Sudamérica indica que está siendo provocada por cárteles mexicanos, según una fuente de seguridad estadounidense con presencia en el Cono Sur y cercana a las operaciones que ya comenzaron a ejecutarse.
El patrón de comportamiento observado tras la pandemia de Covid indica que las organizaciones locales, dedicadas a la siembra, procesamiento, venta y transporte de drogas al por mayor y al por menor, solían servir a varios cárteles de diferentes países, actuando como proveedores de servicios incluso para grupos en Europa y Estados Unidos, además de México y Colombia.
Ahora, con la expansión mexicana y la toma de control de varios procesos, los cárteles de México han comenzado a ejercer un control territorial en busca de alianzas exclusivas, ya sea el de Sinaloa o el Jalisco Nueva Generación.
El poder de estos grupos de origen mexicano se manifiesta en lecciones aprendidas en nuestro país, que incluyen formas de tortura, amenazas, presiones, control de fuerzas policiales locales, relaciones con autoridades políticas y empresariales, entrenamiento militar y otras habilidades. Estas prácticas se han fortalecido en México durante al menos 15 años y ahora están siendo exportadas como experiencias exitosas al resto del continente.
No es que los grupos locales no hayan realizado tales acciones anteriormente, sino que ahora estos métodos forman parte de una estrategia más amplia, con una mayor capacidad armada y nuevos objetivos.
Las proyecciones sobre la violencia y el interés de los grupos por tomar el control territorial, disminuyendo la autoridad de las instituciones y adaptándose a los sistemas económicos y políticos de los países, están obligando a replantear la forma de frenar y desarticular a estos grupos criminales. Esta estrategia podría extenderse a varios países e incluso llegar a México, donde se busca definir sin ambigüedad que los cárteles criminales son grupos terroristas.
Hace unos días en lo que fue una reunión de Emergencia de la Comunidad Andina (CAN), celebrada en Lima, Perú, el país anfitrión, Ecuador, Bolivia y Colombia anunciaron la creación de lo que llamaron la primera “Red Andina de Seguridad” contra el crimen organizado.
El planteamiento es coordinar todas las capacidades técnicas, operativas, de inteligencia e intercambio de información de cada una de esas naciones para tener una respuesta conjunta que frene efectivamente a estos cárteles. En el marco del CAN, se acordaron 10 puntos relacionados con acciones de resguardo fronterizo, cooperación migratoria, aduanas, lucha contra el tráfico de armas y drogas, operaciones coordinadas, cooperación en inteligencia, bases de datos y de presos. Una de las primeras medidas fue reforzar las fronteras y establecer a corto plazo mayores restricciones para el tránsito.
Ecuador dará un paso histórico al firmar el decreto ejecutivo que ratifica la vigencia de dos acuerdos firmados el año pasado con Estados Unidos. Estos acuerdos permiten operaciones combinadas militares entre los dos países contra los grupos criminales. Con ello, se iniciarán operaciones principalmente por mar, aunque podrían extenderse a tierra y aire.
La razón por la que se permite esta colaboración es que las capacidades de seguridad ecuatorianas son limitadas e incluso comprometidas en cierto grado debido a lo que consideran acciones de grupos terroristas.
Para Estados Unidos, el riesgo criminal para la estabilidad de México es muy alto, y las acciones terroristas podrían ocurrir durante las próximas elecciones con la complicidad de mafias rusas, albanesas, venezolanas, rumanas, chinas, entre otras. Sólo falta que el Presidente les crea y dé el primer paso.
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