La Fiscalía General de la República prefirió presentar una queja ante la Suprema Corte de Justicia como primera opción legal contra el fallo que le imposibilita tramitar una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hasta que deje el cargo en 2022.
No era la mejor opción, pero sí para la estrategia de la dependencia que necesita ganar tiempo ante un fracaso que sabe anticipado en este caso, ya que con ese recurso pretendió abrir un vacío para proceder legalmente en su contra.
Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que la Secretaría de Gobernación (que encabeza la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero), le informó que el mandatario tamaulipeco ya está desaforado, pero la Corte tiene que destrabar el conflicto legal porque su fallo fue ambiguo. El fiscal Alejandro Gertz Manero fue más allá, y se adelantó en pedir a un juez su captura.
Es por eso que el equipo del fiscal Gertz hizo un primer intento para conseguir una orden de aprehensión contra el gobernador en funciones. Este miércoles el periódico Reforma, publicó que durante dos semanas los representantes de la FGR le pidieron al juez Iván Aarón Zeferín que emitiera el mandato judicial, pero se negó al no demostrarse la pérdida del fuero constitucional de García Cabeza de Vaca para entonces, en su caso, ordenar su detención por lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.
Nos cuentan que le argumentaron al juez que hiciera laxa interpretación del juicio de procedencia, algo que dijo era imposible. La Fiscalía buscó opciones y lo consiguió. Lo que colocará este caso en un hecho inédito y un escándalo.
Al principio, entre la euforia del juicio de procedencia que emitió la Cámara de Diputados parecía que García Cabeza de Vaca sí había perdido el fuero, y que el congreso local sólo debía cumplir con el trámite, pero verdaderos constitucionalistas aseguran que no.
Pero en qué basan su certeza estos juristas. En la exposición de motivos de la adición al artículo 111 que incluyó el párrafo quinto, para que los gobernadores, diputados locales y magistrados locales no quedaran impunes por la comisión de delitos federales y sean sujetos a la declaración de procedencia por parte de la Cámara de Diputados federal, pero “conforme al espíritu de la iniciativa, en este caso se precisa que la declaratoria de procedencia será para el exclusivo efecto de que se comunique a las legislaturas locales y estas, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda”. Y añade la exposición de motivos algo fundamental: “con el más absoluto respeto al pacto federal la declaratoria de procedencia que emitiera la Cámara de Diputados, no removería el obstáculo procesal, sino dejaría a las legislaturas locales la determinación correspondiente”.
La queja que presentó la Fiscalía no tiene plazo para resolverse. Por lo pronto, hay cinco días para que las partes ofrezcan elementos; luego, el ministro presidente Arturo Zaldívar deberá turnarlo a uno de sus compañeros para que resuelva, lo que puede ocurrir en unas semanas o más. Para la Fiscalía esto abrió la posibilidad de tramitar la orden, porque colocó en un impasse el fallo combatido.
En pocos días se vence el plazo para que la Cámara de Diputados pueda presentar una controversia constitucional ante la Corte por este mismo caso y los ministros entonces podrían aclarar los alcances del quinto párrafo del 111 constitucional. Entre los ministros prevalece la opinión el respeto al pacto federal. De todas formas la elaboración del proyecto y la discusión llevaría semanas.
Si la legislatura federal no presenta este recurso, el gobernador mantiene el fuero y la fiscalía sólo podría esperar, eso aseguran especialistas. Pero la FGR ya tiene una orden de captura y esto abre la puerta a la violación del pacto federal y del fuero, pero también a un show con ganancias electorales.
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