La subsecretaría a cargo de Alejandro Encinas no puede con todos los temas que son su responsabilidad atender, especialmente el de las personas desaparecidas en el país. Le quedan tres años y parece que, por desgracia, fracasará.
Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que hay una estrategia para el tema de desaparecidos, alguien le dijo o él lo cree, no importa, porque en los hechos no hay una estrategia bien diseñada.
La Bartolina es, por ahora, el mayor campamento de exterminio que ha sido localizado en el país, pero lo es, porque el resto de los lugares no han sido completamente analizados, ni en Coahuila, Chihuahua, Sonora o en otros puntos del propio Tamaulipas. En esta entidad se considera que hay por lo menos otros 47 lugares y más de mil 500 hectáreas sin explorar.
Para tener una idea, en el campo de El Mante, que desde la administración pasada se revisaba, se extrajeron 200 kilos de restos humanos, pero se exploró menos de una quinta parte. Lo mismo ocurrió en el campo de Patrocinio, Coahuila, otro de los lugares en los que se recuperaron decenas de kilos de restos. Y también Veracruz, en donde sólo el Colectivo Solecito ubicó 288 cuerpos, y falta la mitad de otro de los terrenos adyacentes, en donde ubicaron 66 fosas (en tan sólo una parte) hace tres años; si se considera que, en promedio, en cada fosa habían encontrado de uno a tres cuerpos, por lo menos habría 132 cuerpos más.
Los especialistas calculan que revisar por completo uno solo de estos campos llevaría por lo menos un año, para recolectar, procesar e identificar, contando con los equipos y el personal suficiente. Hoy día no hay despliegue de equipos que pueda hacer esta tarea en el país.
En varios de estos lugares pueden ser dos o tres capas de restos los que se pueden ubicar, porque no sólo un grupo utilizaba el lugar, lo hicieron varios, y en diferentes épocas. Los casos más difíciles están en el norte, porque allí se utilizaron las llamadas cocinas, estos tambos en los que vertían en ácido los cuerpos y los regaban en la tierra. Las autoridades cuentan con testimonios que también ubican esta técnica en algunos puntos de Veracruz, Tabasco, Baja California y Baja California Sur, en zonas que no han sido exploradas.
Pero además, no sólo fueron los grupos criminales, junto con ellos o por separado, policías municipales, estatales o cuerpos federales, eso sostienen las denuncias.
Las organizaciones dedicadas a la búsqueda de desaparecidos —que son quienes realmente siguen movilizándose, revisando cada lugar y arriando a las autoridades—, han denunciado de forma insistente el abandono de las autoridades en este gobierno, la falta de coordinación, de seguridad, de investigación y de equipo.
Si bien es un problema que comenzó en la gestión de Felipe Calderón, y se acentuó con Enrique Peña Nieto, por el abandono de la seguridad; el problema para esta administración lopezobradorista es que la reconciliación transita por los desaparecidos, darles rostro, determinar jurídicamente qué pasó y quiénes fueron responsables incluso si hay involucradas autoridades, incluyendo Fuerzas Armadas.
Alejandro Encinas, no ha podido articular una coordinación permanente y bien estructurada con los gobiernos locales, tampoco ha podido, por falta de recursos, el rediseño de laboratorios forenses y de equipos que se lancen en un gran despliegue de búsqueda, con equipos que permitan procesar toda la información que se recaban en los campamentos de exterminio. Además, no tiene el respaldo de la Fiscalía General de la República, ni de la mayoría de las fiscalías estatales.
En la administración de Peña Nieto, las búsquedas funcionaban a partir de la articulación que llevaba a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y poner a trabajar en sintonía a gobiernos estatales, Fuerzas Armadas y policía Federal. Ahora ni la CNDH es capaz de asumir su responsabilidad mínima, cuando la ubicación de campamentos para el exterminio se conoce hace años.
La falta de recursos y personal entrenado, alianzas insuficientes y la falta de determinación, han hecho que la subsecretaría de Encinas no sólo esté rebasada, sino a punto de fracasar. Así se demostró cuando el asesinato de la activista Aranza Ramos, del colectivo las Buscadoras de Sonora, y quien indagaba el paradero de su esposo, y cuando la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas lanzaron su comunicado para pedir tregua a los narcotraficantes, única autoridad real, para poder buscar los restos, así la ausencia de Estado, un Estado que el subsecretario Encinas debería representar.
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