Aunque el gobierno ya no menciona que México todavía tiene un problema en el tema aeronáutico, por su degradación a categoría 2, gracias a que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) encontró serias anomalías en las operaciones aéreas y licencias dentro de la Agencia Federal de Aviación Civil, las investigaciones internas iniciaron y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes busca desesperadamente recursos para poder cumplir con las exigencias del organismo aeronáutico.
De hecho, el cargo del subsecretario Carlos Morán Moguel depende que resuelva este problema y que el aeropuerto de Santa Lucía no enfrente inconvenientes en los permisos y funcionamiento del rediseño del espacio aéreo.
Cuando ocurrió una descalificación similar en 2010, la SCT tardó nueve meses en solventar las observaciones y que la FAA le volviera a colocar en el nivel 1. En ese entonces, los auditores encontraron un problema parecido a uno de los que se detectó ahora.
En ese momento se contaba con menos de una decena de inspectores verificadores de vuelo, un trabajo que debe ser ejecutado por personal altamente entrenado y honesto, porque de ello dependen certificar que la seguridad es real en los vuelos y operaciones aeroportuarias, y que el personal de las empresas aéreas conserve sus licencias.
Era el gobierno de Felipe Calderón y se resolvió contratando a más de 90 inspectores, todos ellos pilotos en retiro y con las mejores certificaciones. Comenzó a funcionar, hizo su trabajo y la calificación regresó en 2011.
Sólo que con el tiempo se perdió el terreno ganado. Al frente de la dirección de Control y Verificación fue puesto un piloto, Víctor Torres y Fernández, quien antes era subdirector de área en la misma oficina de la entonces Dirección General de Aeronáutica Civil, ahora rebautizada Agencia Federal de Aviación Civil. Ofreció al principio muy buenos resultados, pero hace poco más de tres años la calidad del trabajo se relajó y convirtió a María de Lourdes Villa Vilchis, quien era su secretaria y aparecía con el rango de subdirectora de área, como la gran operadora.
De acuerdo con las investigaciones internas, Villa Vilchis aparece en tareas de inspectora verificadora aeronáutica de pilotos, aunque su carrera es de administradora industrial. Y descubrieron que en los últimos años Torres y Fernández poco asistía a la oficina, controlaba la oficina por teléfono y a través de la mujer de todas sus confianzas.
Sin embargo, la subdirectora comenzó a “pellizcar” los recursos que se destinaban para viáticos de los inspectores, dinero que pagan las compañías de aviación. El método era sencillo, disminuía los días de viaje de los funcionarios de la DGAC para hacer su trabajo, entregándoles menos dinero y apropiándose del resto. Esa era una de las formas de obtener dinero, pero los investigadores presumen que había otras vías, incluso comercializando licencias para escuelas de pilotos y de empresas de taxis aéreos, por ejemplo.
Las quejas comenzaron hace muchos años, por esas y otras irregularidades, pero nadie escuchó y menos investigó. A eso se sumó la austeridad de este gobierno que cortó recursos en esta área y algunos de los inspectores renunciaron, y a otros los corrieron, pensando que con los casi 30 que quedaron se podía hacer el trabajo, pero han sido insuficientes.
Morán Moguel tal parece que ni enterado estaba, por la falta de dominio que tiene de su área, pero bastaron los seis meses que pasó la FAA auditando esa y otras oficinas para darse cuenta que algo estaba mal. En octubre dejó su cargo Torres y Fernández, pero ya era tarde y el mal estaba hecho.
Al presidente Andrés Manuel López Obrador el subsecretario le dijo que se arreglaría pronto el problema, pero no es así, limpiar el área, restaurar los procesos y tener recursos para contar con el personal suficiente, al menos en este punto que fue observado, todavía le falta mucho.
Síguenos en @EjeOpinion