El 13 de noviembre de 2022, miles de personas salieron a la calle a defender al INE. Al final de esa marcha, José Woldenberg lo dijo sin rodeos: «México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno». Cuánta razón tenía.
Hoy, a casi cuatro años de esas palabras, la ahora expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, renunció. Y el escándalo que la rodea no es un chisme de pasillo. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió el 23 de octubre una investigación de oficio por presunto uso indebido de recursos públicos. Habla de elementos e indicios de irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.
Los reportes hablan de contratos por 514 millones de pesos del INE con empresas vinculadas a un mismo grupo. Y de más de mil millones en organismos electorales locales de al menos 13 estados. Una de esas empresas habría recibido 184 millones con apenas cinco empleados registrados.
A eso se suman los videos difundidos por Latinus: el hijo de la entonces presidenta del INE, en una suite de París cuya tarifa se reporta en unos 200 mil pesos por noche, brindando con champaña junto a un empresario proveedor del instituto. No está acreditado quién pagó ni si hubo recursos públicos. Pero cuando quien organiza las elecciones aparece tan cerca de quien le vende al organismo, la apariencia de conflicto de interés basta para erosionar la confianza.
Quien deba responder tendrá derecho a defenderse. Pero la ciudadanía tiene derecho a saber, y las instituciones tienen la obligación de transparentar, aclarar y procesar a los responsables de cualquier delito.
Y conviene recordar algo: el PRI fue el primer partido en pedir que se auditara y revisara la actuación de la presidenta del INE. Lo hicimos ante la Comisión de Vigilancia de la ASF. No porque convenga, sino porque quien organiza las elecciones debe ser, más que nadie, un ejemplo de transparencia y pulcritud en el manejo del dinero público.
Ahora bien, ¿qué sigue? Primero, que el Consejo General recupere la colegialidad. El INE no es una persona. Son once consejeras y consejeros, y las decisiones deben ser responsabilidad de los once. Que todos conozcan los contratos, revisen los nombramientos y cuestionen lo que no cuadre. Que nadie firme en lo oscuro ni deje que otro firme por él.
Segundo, hay que quitar los superpoderes a la presidencia del INE. Y hay que empezar ya, mediante un acuerdo interno del propio Consejo General. No hace falta esperar. Las designaciones directas, el control unilateral de contrataciones y la concentración de decisiones deben volver a pasar por la mesa donde se sientan todos.
Tercero, en cuanto concluya la elección de 2027, hacer los cambios legales necesarios. Para que el camino de las decisiones democráticas sea el consenso y no la imposición. No se cambian las reglas en pleno proceso electoral, pero tampoco se pueden dejar para siempre.
Hay una señal que vale reconocer. La consejera Blanca Cruz asumió la presidencia provisional y anunció una pausa en nuevos contratos, además de la revisión de expedientes y de nombramientos. Ofreció colaborar con la ASF y devolver colegialidad al Consejo. Son pasos en la dirección correcta. Habrá que vigilar que sean hechos y no discurso. Estaré muy al pendiente como integrante de la Comisión de Vigilancia de la ASF.
Porque lo que está en juego no es un cargo. Es la confianza. Cuando alguien en una casilla cuenta votos, cuando una ciudadana recibe su credencial, cuando un joven vota por primera vez, confía en que el árbitro no juega para nadie. Esa confianza tardó décadas en construirse y se puede perder en meses.
Los árbitros no se cuidan solos. Se cuidan con vigilancia, con contrapesos y con ciudadanos atentos. Woldenberg nos advirtió. Esta vez, escuchemos. Porque aquí cada persona cuenta y cada voto también.
