Parece que, para mantener su estatus como el municipio más rico de México, en San Pedro Garza García cualquier actividad que no encaje en los estándares de poder adquisitivo del automovilista promedio es una falta tan grave que amerita toda la fuerza de la ley. Un aparatoso operativo de la policía municipal culminó con la detención de 24 jóvenes —17 hombres y 7 mujeres— cuyo único delito fue participar en una rodada colectiva en patines.
Antes de entrar en la crítica plana, cabe mencionar que lo que los ‘rollers’ hacían sí representa una falta administrativa de acuerdo con el código vial. Sin embargo, fue el despliegue escandaloso de fuerzas policiacas casi a granel lo que desnudó una visión urbana que criminaliza el esparcimiento en el espacio público y, especialmente, una justicia selectiva cuestionable.
Y es que, en fechas recientes, San Pedro y la zona metropolitana de Monterrey han atestiguado episodios de violencia de alto impacto, ejecuciones a plena luz del día en zonas comerciales exclusivas y un evidente desafío del crimen organizado. En esos casos, los delincuentes suelen esfumarse con absoluta facilidad y burlan los sofisticados cercos de seguridad. Sin embargo, frente a un grupo de jóvenes desarmados vinculados a la “Invasión Roller Monterrey 2026", la policía municipal exhibió una eficacia implacable. Movilizar un comando para interceptar patinadores evidencia que las prioridades de la administración local están bastante distorsionadas.
El monopolio del asfalto
El municipio presidido por Mauricio Farah fundamentó la captura en el artículo 114 del Reglamento de Movilidad, que exige un aviso con diez días de anticipación para eventos que afecten la vialidad. No obstante, los videos del recorrido documentan que el grupo transitaba por andadores, parques y calles de bajo flujo donde la circulación de vehículos ni siquiera sufrió alteraciones considerables. Este exceso de rigor refleja un problema nacional: el diseño de nuestras ciudades obedece a la dictadura del automóvil. Mientras los ciclistas, peatones y personas con discapacidad enfrentan banquetas rotas y una nula protección institucional, cualquier actividad que ose rozar el libre tránsito de un vehículo particular es reprimida con firmeza.
Excesos y opacidad
Más allá de la desproporción táctica, la ejecución del operativo acumuló serias irregularidades. A través de su testimonio público, una patinadora conocida como Soy Eusifuentes expuso los abusos cometidos durante el arresto. Varios participantes acataban las órdenes de los oficiales y procedían a quitarse los patines al momento de ser sometidos. Los 24 detenidos permanecieron privados de la libertad cerca de diez horas, lapso en el que las autoridades les negaron el derecho constitucional de realizar una llamada telefónica a sus familias. Por si fuera poco, al comparecer ante el juez cívico, se toparon con declaraciones policiales falseadas. La libertad llegó únicamente tras el pago de una multa colectiva cercana a los 20 mil pesos.
Hacer cumplir un reglamento administrativo no otorga un cheque en blanco para pisotear los derechos ciudadanos. La criminalización de esta rodada recreativa pone en evidencia que en nuestras ciudades parece ser más castigado utilizar el espacio público sin motor que operar al margen de la ley. La autoridad municipal exige respeto a sus normativas, pero cuando utiliza tácticas de choque contra el deporte y se muestra rebasada ante la verdadera delincuencia, su discurso de orden pierde toda legitimidad.
