En plena campaña presidencial de 2018, cuando comenzaron a circular versiones sobre una supuesta operación digital proveniente de Rusia para favorecer su candidatura, Andrés Manuel López Obrador optó por responder con humor. Desde un templete se burló de las acusaciones, se dijo víctima de la imaginación de sus adversarios y terminó bautizándose a sí mismo como “Andresmanuelovich”. La ocurrencia provocó risas, se volvió viral y terminó convirtiéndose en uno de los episodios más recordados de aquella contienda.
Ocho años después, la anécdota adquiere una dimensión distinta. Lo que entonces fue objeto de sátira política estuvo cerca de convertirse en causal de nulidad electoral.
La propuesta impulsada por Morena para incorporar la intervención extranjera como motivo para invalidar una elección terminó generando más dudas que certezas. No porque la defensa de la soberanía nacional sea discutible, sino porque la redacción planteada era tan amplia que abría la puerta a interpretaciones prácticamente ilimitadas.
La iniciativa hablaba de gobiernos, individuos, organizaciones o entidades extranjeras capaces de influir en un proceso electoral. El problema es que en la era digital las fronteras de esa influencia son cada vez más difusas. Un mensaje en redes sociales, una campaña de desinformación, una plataforma tecnológica, una organización internacional o incluso un particular radicado fuera del país podrían terminar formando parte de una definición extraordinariamente ambigua.
Y ahí aparecía el riesgo.
Las causales de nulidad electoral existen para proteger la voluntad popular, no para facilitar su desconocimiento. Por eso la legislación mexicana ha construido durante décadas estándares particularmente exigentes para invalidar una elección. La lógica es sencilla: anular el voto ciudadano constituye una de las decisiones más delicadas que puede tomar un Estado democrático y, precisamente por ello, debe estar rodeada de límites estrictos.
La experiencia mexicana demuestra que las nulidades electorales han sido excepcionales. No basta acreditar irregularidades. Debe demostrarse además que fueron graves, dolosas y determinantes para el resultado. Esa barrera jurídica no es un defecto del sistema; es una garantía contra el abuso del poder.
La propuesta morenista parecía caminar en sentido contrario. Una causal formulada de manera tan amplia podía terminar convirtiéndose en una herramienta susceptible de usos políticos. Más aún, podía generar un incentivo perverso: que una intervención extranjera, real o artificialmente construida, terminara siendo utilizada como argumento para cuestionar triunfos legítimos.
Paradójicamente, quienes en 2018 respondían con ironía a los señalamientos sobre influencia rusa terminaron impulsando una modificación legal que buscaba convertir la influencia extranjera en un elemento con potencial para alterar la validez de una elección.
Quizá por ello la iniciativa encontró resistencias y no prosperó en los términos originalmente planteados. Pero el episodio deja una lección relevante. Las reglas electorales no pueden redactarse al calor de coyunturas políticas ni construirse mediante conceptos imprecisos. Son las normas que regulan el acceso al poder y, por tanto, las que más cuidado exigen.
Las mejores reformas electorales que ha tenido México surgieron de amplios procesos de negociación, análisis y consenso. Las peores suelen compartir una característica: la prisa.
Y pocas cosas resultan más peligrosas para una democracia que modificar las reglas del juego sin haber calculado antes todas sus consecuencias.
