La exigencia social hacia los cuerpos de seguridad pública suele ser implacable. Exigimos de forma cotidiana que los oficiales actúen como un escudo infalible contra la delincuencia, que mantengan la cabeza fría en el caos y que resuelvan los conflictos ajenos con una templanza sobrehumana. Sin embargo, rara vez nos detenemos a cuestionar la estabilidad del individuo debajo del uniforme.
El suicidio de Orlando García Maciel, oficial de la Policía Vial de León, Guanajuato, desnudó una realidad incómoda, porque, ¿cómo puede la sociedad exigir protección a individuos que resultan estar tan desprotegidos como nosotros? El agente de 27 años descendió de su patrulla en su turno laboral y se lanzó al vacío desde el distribuidor vial Juan Pablo II, con lo que dejó en evidencia que, a veces, el abandono institucional de la seguridad y la salud mental es un enemigo más peligroso que cualquier cosa que se pueda hallar en las calles.
Antes de tomar la decisión, Orlando difundió un video de despedida en sus redes sociales. En el material, el uniformado habló sobre la depresión silenciosa que padecía y la ausencia de una red de apoyo funcional capaz de detectar su dolor a tiempo. “Siempre tomen como primordial su salud mental, no dejen que nadie juegue con ustedes ni que sus emociones dependan de ellos”, fue parte de lo último que dijo.
Confinado a una realidad donde debía seguir adelante, evadiendo sus propios demonios para hacerse cargo de los problemas de los demás, el oficial personificó el colapso de un sistema que entrena a sus elementos para disparar y contener, pero jamás para sanar.
La deuda de la empatía
En este espacio he criticado en el pasado las ineficiencias, corruptelas y abusos al interior de las corporaciones policiales. No obstante, hoy la realidad obliga también a reconocer que la sociedad y el Estado mantienen una deuda histórica con las fuerzas del orden. De acuerdo con estudios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de organizaciones como Causa en Común, los policías en México enfrentan jornadas laborales extenuantes, salarios precarios y una exposición crónica al trauma sin acompañamiento psicológico obligatorio.
El municipio de León, bajo la presidencia de Alejandra Gutiérrez Campos, además, enfrenta un crecimiento desbordado en incidencia en casos de deserción policíaca. Trabajar bajo la amenaza constante de la muerte, sin las condiciones mínimas de estabilidad emocional, es una sentencia de aislamiento.
El vacío en el uniforme
Aunque a nivel nacional los programas de salud mental específicos para policías son casi inexistentes o se limitan a revisiones psicométricas de control de confianza de carácter burocrático, entidades como Nuevo León y la propia Ciudad de México, han intentado implementar líneas de auxilio psicológico que resultan insuficientes ante el tamaño de la crisis. El caso de Orlando demuestra que las fiscalías y las secretarías locales ven la salud mental como un asunto accesorio. Mientras no se dignifique la condición humana del policía, los uniformados seguirán portando un arma en la cintura y un vacío en el espíritu. Más allá del tránsito local, la tragedia del distribuidor vial paralizó la narrativa de que el uniformado es de hierro. La seguridad pública es inviable, sólo un chiste, si quienes nos cuidan están muriendo en el desamparo de su propio silencio.
