Mientras buena parte del país seguía el Mundial de Futbol, dos decisiones vinculadas con el caso Ayotzinapa, pasaron prácticamente inadvertidas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 208VG/2026. Días después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió atraer cuatro revisiones extraordinarias relacionadas con la sentencia que, en 2018, ordenó crear la Comisión para la Investigación y la Verdad del caso Iguala.
Se trata de dos decisiones distintas, adoptadas en procedimientos diferentes y con alcances jurídicos propios. Sin embargo, observadas en conjunto, nos muestran que el Estado mexicano parece comenzar a revisar los mecanismos que durante años intentaron acercarlo a la verdad antes que fortalecerlos.
La actuación de la CNDH es particularmente reveladora, tanto por la forma como por el fondo. Hace apenas tres años, la propia Comisión reconocía los avances de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ), respaldaba la necesidad de investigar la posible participación de las Fuerzas Armadas y reclamaba el acceso a archivos militares. Hoy sostiene prácticamente la posición opuesta.
La nueva recomendación descalifica buena parte de la investigación desarrollada entre 2019 y 2023 por la COVAJ, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Afirma que varias de las pruebas utilizadas fueron posteriormente invalidadas, equipara la denominada “anti verdad histórica” con la “verdad histórica” y concluye que no existen elementos suficientes para atribuir responsabilidad institucional al Ejército.
El debate jurídico sobre esas afirmaciones es legítimo. Lo preocupante sin embargo es que un órgano constitucional autónomo modifique de manera tan radical su posición sin ofrecer una explicación capaz de justificar un cambio de esa magnitud.
La decisión de la Corte merece una reflexión distinta. El máximo tribunal aún no ha revocado la sentencia de 2018. Lo único que resolvió fue atraer cuatro recursos extraordinarios relacionados con ella. Sin embargo, esa determinación abre la posibilidad de revisar una resolución firme que dio origen al mecanismo extraordinario de investigación más relevante construido alrededor del caso Ayotzinapa. No se trata de un tecnicismo procesal. Toda sentencia necesita llegar a un punto final. Esa certeza protege a las personas, fortalece la autoridad de los tribunales y da estabilidad al Estado de derecho.
Lo paradójico, es que la sentencia cuya revisión podría abrirse no fue la que obstaculizó el acceso a la justicia. Por el contrario, buscó corregir una investigación profundamente cuestionada por violaciones graves a derechos humanos y creó una vía extraordinaria para reconstruir la verdad. Si incluso una resolución de esa naturaleza puede quedar nuevamente bajo discusión ocho años después, la pregunta trasciende el caso Ayotzinapa ¿qué tan definitivas siguen siendo las sentencias de amparo en México?
Así, mientras la CNDH desacredita parte importante de las investigaciones que buscaron desmontar la llamada verdad histórica, la Corte abre la puerta para revisar la sentencia que hizo posible la creación de un mecanismo extraordinario para encontrar una explicación distinta de los hechos. La coincidencia entre ambas decisiones refleja una tendencia que sin duda debe preocuparnos.
Mientras tanto, las familias siguen esperando exactamente lo mismo que hace casi doce años, saber qué ocurrió con sus hijos. Ésa debería seguir siendo la prioridad del Estado mexicano.
Porque el mayor riesgo para el caso Ayotzinapa ya no es solamente que la verdad siga sin aparecer. El verdadero riesgo es que las instituciones comiencen a abandonar la búsqueda de la verdad.
La deuda de verdad y justicia en el caso Ayotzinapa no es únicamente con las víctimas; es también una deuda con el Estado constitucional y con la confianza de toda la sociedad en que, frente a las violaciones más graves de derechos humanos, la verdad no dependerá de los cambios de narrativa, sino del compromiso permanente de las instituciones por encontrarla.
