Morena prometió acabar con la corrupción y no, no sucedió. Lo que sí hicieron muy bien fue institucionalizarla. Lo que hoy vemos en distintos municipios es algo más inquietante: la disputa por el control de las rentas de la ilegalidad.
Si antes el cobro de piso era patrimonio del crimen organizado, ahora las denuncias sugieren que algunos gobiernos locales buscan apropiarse de ese mismo espacio, pero con sellos oficiales, reglamentos administrativos y apariencia de legalidad.
El caso de Salvador Alvarado, Sinaloa, es revelador. Empresas de telecomunicaciones denuncian multas desproporcionadas, negociaciones para reducirlas y cortes de infraestructura cuando se niegan a pagar. La alcaldesa rechaza las acusaciones y sostiene que todo se apega a la ley… a su ley.
Pero el problema trasciende un solo expediente. Ahí está Tequila, Jalisco, -donde el alcalde expropió un museo municipal para hacerlo su casa y salón de fiestas- y que también ejercía un esquema de extorsión a las grandes casas tequileras terminó con la intervención de autoridades federales y con el encarcelamiento del presidente municipal…también de Morena.
Debemos mirar también hacia destinos como Tulum o Playa del Carmen, o a Baja California o a Colima o donde usted señale, las disputas por licencias, uso de suelo y permisos de construcción llevan años alimentando sospechas de captura institucional y presiones económicas sobre la inversión.
Así, la corrupción no desapareció, simplemente cambió de ventanilla. El riesgo es que el Estado deje de combatir las economías de extorsión para competir con ellas. La constante perorata de “acabar con la corrupción” solo ha quedado en el discurso grandilocuente. La realidad actual es que en nuestro país un empresario ya no distingue si la presión proviene de un grupo criminal o de una oficina pública.
