La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha publicado en el Diario Oficial de la Federación la modificación a los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, con la que se amplió hasta diciembre de 2026 el plazo para que concesionarios, operadores móviles virtuales y prestadores de servicios de comunicación digital implementen el nuevo esquema de identificación de usuarios. Y si bien ya era un hecho adelantado, la modificación responde a solicitudes de la industria y contempla diversos cambios: la vinculación de líneas podrá realizarse de manera presencial o remota mediante la Plataforma de Gestión de Líneas Telefónicas Móviles; las personas morales y los entes públicos también podrán efectuar el trámite a distancia; se incorpora la prueba de vida para validar la identidad del titular; se amplían los medios de identificación para personas extranjeras y se elimina el límite de intentos para la desvinculación de líneas. Y más detalles que ya agotan e incomodan a los dueños de números telefónicos.
Sin embargo, el problema nunca fueron los plazos. Si la autoridad tuvo que extender nuevamente el calendario es porque el programa sigue sin generar la confianza suficiente entre los usuarios para registrar voluntariamente sus líneas telefónicas. La CRT atendió las necesidades operativas de las empresas, pero dejó sin resolver la principal preocupación de los ciudadanos: la protección de sus datos personales. Más aún, el acuerdo mantiene un vacío importante. Aunque impone obligaciones para concesionarios y usuarios, no fortalece un régimen de sanciones específico para aquellas empresas que lleguen a vincular una línea telefónica sin la autorización expresa de su verdadero titular, irresponsabilidad por supuesto, ya sea por errores en la validación, por negligencia o por un uso indebido de información personal. En un sistema que administrará millones de registros, esa omisión resulta especialmente delicada porque la confianza depende no sólo de la tecnología, sino también de la certeza de que existirán responsabilidades claras y consecuencias ejemplares para quien abuse de los datos.
El reto también es de negocio. Telcel, AT&T, Movistar, BAIT y los operadores móviles virtuales dependen del crecimiento de su base de clientes. Si una parte de los usuarios decide no registrar su línea por desconfianza, las compañías podrían enfrentar cancelaciones o una menor contratación de nuevos servicios, enormes pérdidas monetarias, afectando un mercado que supera los 160 millones de líneas móviles. Además, el entorno tecnológico ya no es el mismo que hace una década. Hoy millones de personas pueden mantenerse comunicadas mediante plataformas de mensajería y llamadas por internet utilizando únicamente una conexión de datos o Wi-Fi. Si bien la mayoría de estas aplicaciones requiere un número telefónico para el alta inicial, una vez activadas muchas de ellas permiten mantener la comunicación sin depender permanentemente de la red móvil tradicional. Esto reduce el costo de oportunidad para quienes decidan prescindir de una línea celular ante un esquema de registro que no les genere confianza.
La prórroga representa un alivio para la industria, pero el negocio se les va, pero además no garantiza el éxito del programa. La CRT movió el calendario, flexibilizó los procedimientos y dio más tiempo a las empresas; lo que no hizo fue responder las preguntas que siguen frenando el registro: ¿quién protegerá la información?, ¿qué sanciones enfrentarán las empresas que registren líneas sin autorización?, ¿quién responderá si la base de datos es vulnerada?. Mientras esas respuestas no sean claras, la autoridad podrá seguir ampliando los plazos, pero difícilmente logrará convencer a millones de usuarios de entregar sus datos personales. El ánimo es no registrar. El desafío ya no es tecnológico ni operativo; es, sobre todo, de confianza. Siguen sin entenderlo.
Voz en Off
La Asociación de Bancos de México (ABM), el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han lanzado una estrategia nacional de sensibilización y prevención para fortalecer la detección temprana de casos de trata de personas y de operaciones financieras vinculadas con este delito, especialmente ante la celebración del torneo internacional de futbol en México. La iniciativa alcanzará a los 54 bancos asociados a la ABM, con capacitación para cerca de 100 mil colaboradores que laboran en más de 11 mil sucursales bancarias del país. La estrategia responde al incremento de 47% en el número de víctimas de trata de personas registrado en México durante 2025, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y considera alertas emitidas por la CNBV, la UIF y FinCEN para fortalecer la identificación de operaciones sospechosas, prevenir el lavado de dinero y facilitar la detección de posibles víctimas mediante materiales de capacitación, videos informativos y la promoción de la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas. Bien….
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