“La desaparición forzada en México refleja un patrón de impunidad que debe ser enfrentado con verdad y justicia, no con negación.”
Volker Türk
La realidad nos ha vuelto a golpear con dureza y es que entre el 7 y el 10 de abril de 2026, colectivos de búsqueda localizaron 219 restos óseos humanos en la zona limítrofe entre la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México, y el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México.
Casi al mismo tiempo, en Jalisco, en el Rancho Izaguirre, un predio que desde 2025 fue denunciado por diversos colectivos, se volvieron a encontrar evidencias lúgubres como fragmentos óseos y ropa. El lugar que la narrativa oficial decía que funcionaba como campo de reclutamiento y eliminación, no ha sido completamente procesado pese a las promesas oficiales. Cada hueso encontrado es un recordatorio de que la desaparición no es un problema del pasado es una situación que se ha convertido en una crisis desde hace años.
La magnitud de las cifras es tan brutal que ya no cabe en eufemismos, y aun así, las instancias gubernamentales han decidido negar la realidad; de acuerdo con datos del comité contra la desaparición forzada de la ONU, se han documentado más de 4,500 fosas clandestinas, alrededor de 4,600 restos recuperados, y 72,000 cuerpos humanos sin identificar.
El 2 de abril, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) concluyó que existen indicios fundados de que en México se cometen y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad; incluso documentó participación, aquiescencia o apoyo de funcionarios públicos en casos concretos, y reconoció que organizaciones criminales también pueden cometer este crimen bajo el Estatuto de Roma cuando forman parte de un patrón masivo.
Es así que el Comité pidió a la Asamblea General de la ONU medidas urgentes de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia forense porque las autoridades mexicanas están desbordadas.
Desafortunadamente, la respuesta del Gobierno de México fue inmediata y predecible: rechazó tajante el informe, argumentando que éste no reconoce “los avances” y minimizó la calificación de lesa humanidad. Hoy se debe reconocer que la postura gubernamental minimiza la crisis y puede obstaculizar la ayuda internacional que tanto se necesita.
A la ONU, también se sumó el día 14 de abril, Amnistía Internacional ya que respaldaron el informe y urgió al Estado mexicano a reconocer la crisis de desapariciones como una emergencia nacional. Con más de 133,000 personas desaparecidas y una impunidad que roza el 99.6%, Amnistía subrayó que la negación oficial solo profundiza el dolor de las víctimas y protege la inacción estructural. No es un tema de “narrativa”; es un tema de vidas destruidas y de un sistema forense colapsado que no da abasto.
Hoy, como país, duele admitir que la desaparición forzada se ha convertido en una práctica extendida que aterroriza a la sociedad entera; hiere aceptar que miles de familias caminan por canales pestilentes, terrenos a campo abierto o predios abandonados porque el Estado ha dejado de hacer su labor y han decido voltear a otro lado y permitir que el crimen organizado perpetue su poder.
En las próximas semanas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunirá con Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, deseamos que ese encuentro no sea un mero ejercicio de relaciones públicas sino más bien el momento en que el Gobierno escuche, rectifique y acepte la cooperación internacional que se está ofreciendo.
Mientras sigamos negando la dimensión de la tragedia, cada resto óseo encontrado será la prueba irrefutable de que México decidió mirar hacia otro lado mientras su pueblo era poco a poco desparecido. La crisis existe, el dolor es real; y la única forma de honrar a los desaparecidos es nombrar la verdad sin atenuantes: estamos ante una emergencia nacional que exige acción inmediata, no más discursos que minimizan la magnitud de la catástrofe.
Las diversas organizaciones de madres y padres buscadores merecen nuestro apoyo y respaldo total con cada uno de los recursos que se tenga a la mano y pueda brindar.
