Hay historias que terminan retratando a un gobierno mejor que cualquier discurso. La suspensión de la Ruta 322 en San Nicolás es una de ellas. Los operadores denunciaron una serie de inspecciones, multas y el retiro de unidades que, aseguran, comenzaron después de negarse a incorporarse al esquema de los llamados camiones verdes. La consecuencia fue inmediata. Miles de usuarios quedaron sin transporte y decenas de vecinos salieron a bloquear calles para defender una de las pocas rutas que todavía acepta efectivo. El episodio volvió a poner sobre la mesa una pregunta que empresarios y concesionarios llevan meses haciéndose. ¿Hasta dónde llegan las facultades regulatorias del gobierno de Samuel García y dónde comienza la presión política?
El llamado Impuesto Verde nació con la promesa de combatir la contaminación y acelerar la transición hacia una economía más limpia. Sin embargo, entre industriales y especialistas persiste la duda sobre el verdadero destino de esa política. Más aún cuando varios sectores denuncian un incremento de inspecciones, sanciones y procedimientos administrativos que parecen tener un componente eminentemente recaudatorio. El antecedente de Matrimar sigue siendo citado en las conversaciones empresariales como ejemplo de una relación cada vez más ríspida entre el gobierno y la iniciativa privada.
En el centro de esa estrategia aparece el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero. Su dependencia presume un endurecimiento de las inspecciones y asegura que las acciones ya muestran resultados. De acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 y el primer trimestre de 2026 disminuyeron las concentraciones promedio de partículas PM10 y PM2.5 respecto a años anteriores, al tiempo que aumentaron las acciones de vigilancia e inspección. Pero esos datos conviven con una realidad que los regiomontanos conocen bien. Los episodios de mala calidad del aire continúan siendo frecuentes, las contingencias no han desaparecido y Monterrey mantiene uno de los problemas de contaminación atmosférica más severos del país, con cientos de días al año en categorías que van de moderadas a no saludables.
La paradoja es evidente. Mientras el gobierno defiende que los indicadores muestran una tendencia favorable, en las calles crece la percepción de que la política ambiental ha encontrado en la fiscalización una fuente permanente de ingresos. Empresas, transportistas y distintos actores económicos comienzan a ver un patrón. Primero llegan las inspecciones, después los procedimientos administrativos y finalmente las sanciones. Todo bajo el argumento de proteger el medio ambiente. La protesta de la Ruta 322 vino a reforzar esa narrativa, aunque ahora el escenario sea el transporte público y no la industria.
Samuel García enfrenta un dilema político que trasciende la contaminación. Gobernar implica convencer, no sólo recaudar. Porque si el aire sigue siendo motivo de preocupación para millones de habitantes, mientras las multas, los impuestos y las verificaciones aumentan, el discurso ambiental corre el riesgo de perder credibilidad. Y cuando una política pública deja de percibirse como una solución para convertirse en un mecanismo de presión fiscal, la confianza se contamina mucho más rápido que la atmósfera.
Capgemini amplía en México
Capgemini expandirá su Global Delivery Center (GDC) en México hacia Guadalajara y designó a Armando Pineda como vicepresidente y director de esta unidad, como parte de una estrategia para fortalecer sus capacidades de desarrollo tecnológico y atender la creciente demanda de servicios digitales impulsada por el nearshoring. La expansión coincide con el segundo aniversario del GDC México, que actualmente emplea a alrededor de 2 mil 300 especialistas y presta servicios a clientes de Estados Unidos, América Latina y otros mercados globales. Con la incorporación de Guadalajara, la firma ampliará una plataforma que ya opera en Aguascalientes y fortalecerá la entrega de soluciones en ingeniería, inteligencia artificial, análisis de datos, desarrollo de aplicaciones, nube y automatización de procesos, aprovechando la disponibilidad de talento especializado y la consolidación de la ciudad como uno de los principales polos tecnológicos del país.
Voz en Off
Ferrero va por una inversión de 86 millones de dólares para ampliar su planta de San José Iturbide, Guanajuato. Paolo Cornero, presidente y CEO de Ferrero México, encabezó la presentación de este proyecto, que contempla ampliar la capacidad de producción de Nutella y chocolates, además de la construcción de un nuevo edificio de refrigeración y el fortalecimiento de la infraestructura energética y logística del complejo, en operación desde 2013. La expansión también incorpora capacidad para el desarrollo de nuevas categorías de consumo, entre ellas helados, galletas y golosinas, como parte del crecimiento de la operación manufacturera de la compañía en el país. Actualmente, la planta produce Nutella, Kinder Sorpresa, Kinder Chocolate y Kinder Délice, se ubica entre los diez complejos industriales más importantes de Ferrero a nivel mundial y reforzará su capacidad para abastecer el mercado de Norteamérica….
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