El 1 de septiembre coincidieron el Segundo Informe de Claudia Sheinbaum, el primer año de la nueva Suprema Corte (la Corte del Acordeón), la apertura de sesiones del Congreso de la Unión y el inicio de la carrera hacia 2027. La fecha obliga a mirar más allá de cada acontecimiento por separado. Todos conducen a una pregunta bastante sencilla: ¿quién está limitando hoy al poder?
El antiguo “Día del Presidente” desapareció, por fortuna. Aquella ceremonia en la que el Congreso aplaudía durante horas pertenece al pasado. Lo que no desapareció del todo fue la costumbre de convertir el Informe en propaganda.
El mensaje presidencial ahora se pronuncia en Palacio Nacional, ante invitados escogidos por el propio gobierno. No hay preguntas ni posibilidad de réplica. Nadie puede confrontar las cifras en ese momento. Cambió el lugar y cambió la forma, pero el gobierno sigue controlando la conversación.
Sheinbaum aseguró que México va bien y tiene rumbo. Mencionó la reducción de homicidios, el aumento del salario mínimo, los programas sociales y la estabilidad económica. Algunos de esos resultados son importantes y deben reconocerse.
El problema es que informar también supone hablar de aquello que no salió bien. El país crece poco. Los servicios de salud siguen fallando. Las desapariciones no cesan y hay regiones donde la delincuencia conserva un control inadmisible sobre territorios, autoridades y actividades económicas. También existen acusaciones de corrupción y privilegios que no pueden despacharse como simples ataques de los adversarios.
Me llamó más la atención otra parte del mensaje. La Presidenta insistió en que no existe ruptura con López Obrador y que el movimiento se mantiene unido. Se entiende que quiera evitar divisiones internas. Aun así, resulta extraño que casi dos años después de asumir el cargo siga necesitando explicar su relación con quien la precedió.
Claudia Sheinbaum ganó la elección y tiene legitimidad propia. Su gobierno debería ser evaluado por lo que hace, por lo que deja de hacer y por las decisiones que toma. No por su cercanía o distancia respecto de López Obrador.
El Informe, además, no termina cuando concluye el discurso. Después viene la glosa en el Congreso. Ahí deberían revisarse las cifras, señalarse las contradicciones y preguntarse por los problemas que el mensaje presidencial dejó fuera.
Sabemos, sin embargo, cómo suelen desarrollarse esas comparecencias. Los legisladores de la mayoría felicitan al funcionario. La oposición lanza acusaciones. El compareciente responde lo que quiere y, unas horas después, todo queda olvidado.
Este año no tendría que ser así. Morena y sus aliados cuentan con votos suficientes para modificar la Constitución sin negociar con la oposición. Esa mayoría vuelve todavía más importante el trabajo de vigilancia del Congreso. Compartir un proyecto político no obliga a guardar silencio. Preguntar no es deslealtad y exigir cuentas tampoco debería verse como una traición.
La nueva Suprema Corte está ante una prueba similar. Sus integrantes fueron elegidos mediante el voto, pero eso no demuestra su independencia ni garantiza buenas sentencias. Tendrán que probar, caso por caso, que son capaces de defender la Constitución incluso cuando eso implique contrariar al gobierno o a la mayoría que los eligió.
En 2027 se renovará la Cámara de Diputados, además de congresos locales, ayuntamientos y 17 gubernaturas. Lo decisivo será saber si el oficialismo mantiene la mayoría que le permite reformar la Constitución sin buscar acuerdos.
Por eso, el verdadero Informe apenas comienza. Se dará en las comparecencias, en las votaciones del Congreso, en las sentencias de la Corte y, finalmente, en las urnas.
Ahí veremos si todavía hay instituciones capaces de poner límites. O si, casi sin darnos cuenta, dejamos de esperar que lo hagan.
