Durante años, la relación entre política y crimen organizado en México ha vivido en una zona incómoda de sospechas, rumores y silencios. Un tema que aparecía constantemente en conversaciones públicas, investigaciones periodísticas y debates políticos, pero que pocas veces llegaba a instalarse de manera frontal en el discurso institucional.
Así, la idea de que existían zonas grises entre poder político, violencia y grupos criminales se volvió un supuesto común.
Por eso el caso de Rubén Rocha Moya ha generado tanta atención. No porque sea la primera vez que un gobernador enfrenta cuestionamientos o controversias de este tipo; porque México ha atravesado distintos episodios similares en su historia reciente, sino en el contexto en el que surge.
Esta vez la acusación no nació en la oposición, ni en un audio filtrado, ni en una manta dejada en una carretera sinaloense. Y este tema ya representa implicaciones diplomáticas, porque es Estados Unidos quién ha lanzado acusaciones en contra del gobernador con licencia de Sinaloa y ha presionado al gobierno de Claudia Sheinbaum, llamando a su cooperación.
Por eso la declaración de la presidenta esta semana fue tan importante: “No hay nada legal que nos obligue a vigilarlos”, dijo la presidenta al hablar de los nueve acusados por Estados Unidos en Sinaloa.
Sheinbaum intenta caminar sobre una línea peligrosísima: defender la soberanía mexicana sin parecer protectora de esos personajes políticos.
Entonces, ¿Ahí está atrapado el gobierno mexicano?
México no quiere aceptar la idea de que Estados Unidos pueda decidir unilateralmente quién es culpable dentro del sistema político mexicano, hacerlo abriría un precedente severo. Sería aceptar que Washington puede marcar la agenda judicial y política nacional.
El problema es que, mientras el discurso presidencial insiste en que no existe obligación legal de actuar, las instituciones mexicanas ya comenzaron a moverse.
Las autoridades financieras comenzaron a tomar medidas preventivas, y los funcionarios señalados junto con Rocha Moya, han empezado a participar con el gobierno estadounidense, mientras queel político más buscado, continúa sin darle la cara a la ciudadanía.
Ahí es donde la narrativa empieza a fracturarse.
Porque oficialmente el gobierno transmite calma institucional, pero en los hechos todo el aparato político se comporta como si sí existiera una crisis enorme detrás.
Esta polémica nos lleva a pensar en cada uno de los supuestos, hasta no conocer la verdad.
Algo por lo cual el partido Morena debe preocuparse;pues el resultado de esto podría terminar convirtiendo al gobernador sinaloense en algo mucho más grande: el símbolo de una posible red de complicidades entre servidores públicos y crimen organizado.
Algo parecido a lo que representó García Luna para el sexenio de Calderón. Un mensaje simbólicamente fuerte que perjudica a Morena. Porque Morena construyó durante años un discurso donde la corrupción y la narcopolítica pertenecían al viejo régimen; al PRI, al PAN; a los gobiernos de antes.
El problema es que el crimen organizado no tiene ideología; se acomoda donde encuentra poder.
Y esa es quizá la discusión más incómoda que está dejando este caso: la posibilidad de que el narcotráfico no solo infiltre policías municipales o gobiernos locales, sino estructuras completas de poder político.
Son demasiados cuestionamientos que aún se encuentran en el aire; y Sheinbaum por ahora sólo parece evitar el choque frontal con Estados Unidos y, al mismo tiempo, impedir que el caso escale hacia una crisis nacional para Morena.
Y aunque en el mejor de los casos esto termine por diluirse, ya hay una sospecha sostenida, alimentada por el silencio de un gobernador que no sale a hablar, y eso incomoda a todo el país.
