“Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que quieran… pero ellos no quieren que intervengamos.”
En México, los vínculos entre narcotraficantes y servidores públicos tristemente ha dejado de ser novedad y se ha convertido en un tema casi cotidiano; las detenciones de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores han proporcionado a las autoridades estadounidenses evidencias, testimonios y pruebas lo que ha permitido un mapa de las redes de corrupción.
Esta información ha permitido a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York bajo la supervisión de la jueza federal Katherine Polk Failla, armar casos contra diversos funcionarios incluido el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se entregó voluntariamente el pasado 11 de mayo, y el ex secretario de administración y finanzas del Gobierno de Sinaloa; Alfonso Díaz Vega. Estos procesos, abrirán la puerta a implicaciones mayores, comenzando por el gobernador Rubén Rocha Moya y extendiéndose a una cadena de servidores públicos y políticos, federales, estatales y locales.
La reciente audiencia de Mérida Sánchez en Nueva York ilustra la gravedad del asunto y es que el general llegó encadenado de pies y manos, con uniforme carcelario beige, escoltado por marshals estadounidenses y en una sesión de menos de 20 minutos, la jueza Polk Failla fue clara y contundente: “Estamos ante un caso en el que la evidencia es abundante y voluminosa”; incluso la jueza mencionó que vienen “en olas” más imputados.
Las pruebas contra Mérida Sánchez incluyen sobornos mensuales de miles de dólares de Los Chapitos a cambio de protección, avisos previos de operativos y facilitación del trasiego de fentanilo, cocaína y otras drogas. El caso se enmarca en una acusación mayor contra Rocha Moya y otros servidores públicos, a quienes se señala de conspirar con el Cártel de Sinaloa para exportar narcóticos a EE. UU. a cambio de apoyo político, económico y electoral.
Aunado a lo anterior, la falta de acción en México y el deplorable estado del sistema penal nacional, han llevado a las autoridades estadounidenses a concluir que compartir información sensible con un socio poco confiable es riesgoso. Todo indica que las pruebas solicitadas por México llegarán, pero directamente al expediente judicial en EE. UU., no a través de canales diplomáticos. Incluso se afirma que otros de los imputados buscan entregarse voluntariamente a la justicia norteamericana, ya que allí encuentran mayor seguridad procesal, transparencia y protección contra represalias; sin embargo, las presiones en México de socios, cómplices, implicados y algunas instancias gubernamentales son intensas para que no lo hagan.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha incrementado notablemente las investigaciones sobre figuras, servidores públicos, políticos y empresarios mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado y contrario a lo que muchos creen hay que reconocer que las presiones de Washington hacia México no han cedido, se han intensificado.
México enfrenta la realidad de un Estado permeado por la corrupción en niveles alarmantes y negar la magnitud del problema no resuelve la crisis estructural, probablemente la agrava, porque la situación actual revela fallas profundas del modelo de seguridad y de gobernanza que ya no pueden pasarse por alto.
El caso Mérida Sánchez no es solo el juicio de un general, es el principio de un desmantelamiento que podría alcanzar gobernadores, senadores, diputados, alcaldes y otros personajes públicos y privados. Las “olas” de imputados mencionados por la jueza sugieren que el expediente es mucho más amplio y que el Gobierno Estadounidense no se detendrá.
La ciudadanía mexicana merece transparencia y que las instituciones se alejen de los pactos de impunidad disfrazados de “estabilidad”. Si las evidencias son sólidas como afirma la justicia estadounidense, corresponde al gobierno mexicano actuar con determinación o aceptar que su credibilidad internacional seguirá en caída libre. El narcoterrorismo no solo trafica droga; trafica influencia y captura instituciones, hoy enfrentarlo requiere coraje político real, no solo discursos sobre la defensa de la soberanía.
