En México, las grandes discusiones legislativas no siempre nacen de los reflectores ni de los discursos más estridentes. A veces aparecen en iniciativas que, aunque parecen técnicas o sectoriales, tocan directamente la vida cotidiana de millones de personas: la seguridad de niñas, niños y adolescentes en internet; el uso de celulares en las escuelas; el acceso a la cultura digital y el costo de cuidar la salud desde casa.
Y es que el país enfrenta una realidad incómoda: la tecnología avanzó más rápido que muchas de nuestras leyes, que nuestras escuelas, que nuestras políticas públicas y, en muchos casos, que nuestras propias familias. Por eso, varias propuestas que hoy se discuten buscan poner orden donde durante años hubo vacío.
Una de las más delicadas es la impulsada por el diputado Raúl Bolaños-Cacho, quien plantea una estrategia nacional para prevenir y combatir la explotación sexual infantil digital. El tema no admite rodeos: niñas, niños y adolescentes están expuestos a riesgos cada vez más sofisticados, desde el grooming en redes sociales hasta nuevas formas de sextorsión impulsadas por inteligencia artificial.
La propuesta busca fortalecer investigaciones y rescates en zonas turísticas y fronterizas, además de garantizar refugios, terapia y reinserción educativa para las víctimas. También plantea medidas concretas frente a las plataformas digitales, como verificación de edad, controles parentales y protocolos de actuación.
El dato es alarmante: uno de cada cinco menores ha sufrido algún tipo de daño sexual en línea. A esto se suma que en México más de 10 mil casos de violencia sexual infantil fueron atendidos durante 2024. La infancia mexicana no solo necesita protección en las calles o en las escuelas; hoy también la necesita en las pantallas.
Pero la discusión digital no termina ahí. Otra iniciativa propone regular el uso de celulares en educación básica y media superior. La idea no es satanizar la tecnología, sino reconocer que su uso sin límites ha afectado la concentración, la convivencia escolar y, en muchos casos, la salud mental de los estudiantes.
La propuesta plantea escuelas libres de celulares durante las clases, salvo cuando se usen con fines pedagógicos o en situaciones de emergencia. También contempla campañas permanentes sobre el uso responsable de la tecnología. En el fondo, el debate no es si los jóvenes deben o no tener celular, sino si las escuelas pueden recuperar un mínimo de atención, diálogo y convivencia.
En materia cultural, otra iniciativa busca garantizar el acceso universal a la cultura mediante plataformas públicas digitales. La propuesta incluye contenidos en lenguas nacionales, programas dirigidos a comunidades rurales e indígenas y herramientas tecnológicas que permitan acercar la cultura a quienes históricamente han quedado fuera.
Aquí el punto es importante: democratizar la cultura no significa únicamente abrir museos o transmitir eventos por internet. Significa entender que el acceso cultural también es una forma de ciudadanía. Una comunidad que puede ver, escuchar, crear y participar en su propia lengua y desde su propio territorio es una comunidad que existe con mayor fuerza en la vida pública.
Finalmente, aparece una iniciativa con impacto directo en el bolsillo de las familias: eliminar el IVA a dispositivos médicos básicos de uso doméstico, como termómetros, glucómetros, oxímetros, nebulizadores y materiales de curación.
La propuesta tiene una lógica sencilla: si las familias pueden monitorear mejor su salud en casa, pueden prevenir complicaciones, reducir gastos y evitar que los hospitales reciban casos que pudieron atenderse antes. En un país donde muchas personas viven con enfermedades crónicas, abaratar estos instrumentos no es un lujo, sino una medida de prevención.
Estas breves, que en realidad no son tan breves, muestran una misma preocupación: cómo adaptar al Estado mexicano a los nuevos riesgos y necesidades de la sociedad. La infancia necesita protección digital; las escuelas necesitan recuperar orden; la cultura necesita llegar más lejos; y la salud familiar necesita ser menos costosa.
Porque al final, legislar no debería ser solamente producir iniciativas, sino leer correctamente el momento que vive el país. Y hoy ese momento exige una política pública más cercana, más preventiva y, sobre todo, más humana.
