Falta menos de un año para que México vuelva a las urnas, y ya se nota. El 6 de junio de 2027 se elegirán 300 diputaciones federales por mayoría relativa y 200 por representación proporcional, además de 17 gubernaturas, un número enorme de alcaldías y diputaciones locales. Es, junto con la de 2024, una de las jornadas más grandes que se recuerden. Pero mientras la atención mediática se la llevan las gubernaturas —son más vistosas, más personalistas, más fáciles de contar como pleito entre figuras—, la verdadera batalla de fondo, la que define quién gobierna realmente el día a día legislativo del país, se libra en San Lázaro. Ahí es donde se aprueban los presupuestos, se reforman las leyes secundarias y se decide si un proyecto de nación tiene piso legal o se queda en discurso.
Y esa batalla, aunque todavía no tiene nombres definitivos, ya empezó a tomar forma.
Lo primero que llama la atención de este proceso es la velocidad. Formalmente, los partidos deberían empezar a definir candidaturas hacia finales de 2026 y principios de 2027, pero eso no ha detenido a nadie. Morena, PAN y PRI ya inventaron figuras internas —“coordinadores de la transformación”, “coordinadores del cambio”, “defensores de México”— que en la práctica funcionan como precampañas disfrazadas. El PAN reporta más de diez mil personas registradas en su aplicación digital; el PRI, de la mano de Alejandro Moreno, nombró desde marzo a decenas de “defensores” que ya recorren el país. Es una carrera que arrancó con más de un año de anticipación, algo que dice mucho sobre lo que está en juego: nada menos que la composición de la próxima legislatura y, con ella, la posibilidad de mantener o perder la mayoría calificada que hoy tiene el bloque oficialista.
Ese dato no es menor. Buena parte de la conversación pública en los últimos meses ha girado en torno a si Morena y sus aliados logran sostener esa mayoría o si la oposición consigue, por fin, articular un bloque capaz de disputarla distrito por distrito. De ahí que dentro de la bancada oficialista se haya generado un movimiento inusual: alrededor de 40 de los 253 diputados federales de Morena están tramitando licencia para buscar otros cargos —gubernaturas, alcaldías— dejando sus curules antes de tiempo. Es una salida masiva que obligará a llamar suplentes y que, de paso, deja ver cuántos cuadros legislativos actuales están mirando ya hacia 2027 con ambiciones más grandes.
Cada partido tiene su manera de “destapar” perfiles, y cada uno revela algo distinto sobre su momento interno.
En Morena, el proceso está en manos de Ariadna Montiel, quien dejó la Secretaría de Bienestar para asumir la dirigencia nacional con un mandato claro: mantener la mayoría calificada en Diputados y, según ha insistido, exigir candidaturas “intachables”. A su lado, Citlalli Hernández coordina la Comisión Nacional de Elecciones y funciona como pieza clave en la negociación de perfiles con el PT y el PVEM, aliados que —de acuerdo con el arreglo pactado entre las tres dirigencias— tendrán garantizado un lugar en las encuestas internas que definirán candidaturas. Es un método ya conocido, pero que esta vez se aplica a una elección legislativa completa, no solo a la presidencial.
En el PAN, el proceso lo encabeza Jorge Romero bajo la promesa de que ninguna candidatura estará “reservada” y de que todas se definirán por encuestas abiertas a la ciudadanía. En los hechos, sin embargo, la mayoría de los perfiles que asoman —senadores, alcaldes, diputados en funciones— vienen de las filas tradicionales del partido, lo que ha generado cierta tensión entre el discurso de “ciudadanización” y la realidad de las listas.
El PRI, por su parte, ha sido el más explícito en mostrar su tablero. Su dirigente, Alejandro “Alito” Moreno, presentó una lista de “Defensores de México” que incluye tanto a diputados federales en ejercicio —como Humberto Ambriz Delgadillo o Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel— como a figuras de trayectoria larga, entre ellas Rosario Robles, cuyo regreso a la escena generó comentarios hasta desde la propia Presidencia de la República.
Movimiento Ciudadano llega a este proceso con una novedad: dos de sus figuras con peso nacional, Jorge Álvarez Máynez —dirigente del partido y excandidato presidencial— y la diputada federal Patricia Mercado, ya aparecen mencionados como posibles candidatos a gubernaturas, lo que abre la pregunta de quién tomará su lugar en la disputa legislativa. El partido, además, enfrentará por primera vez una competencia directa por el voto opositor urbano con la llegada de un nuevo actor a la boleta: Somos México.
Y ahí está, precisamente, uno de los cambios más relevantes de esta elección: por primera vez en años, la oferta partidista federal crecerá de seis a ocho partidos, con la incorporación de Somos México y de Construyendo Sociedades de Paz (PAZ), este último heredero del espacio que antes ocupó el Partido Encuentro Social. Ninguno de los dos tiene garantizado el registro —ambos necesitarán superar el 3% de la votación—, pero su sola presencia obliga a recalcular cómo se van a repartir los votos de centro, de izquierda moderada y de la derecha conservadora religiosa.
Hay, además, perfiles que no nacieron de una estructura partidista tradicional y que igual están cambiando el cálculo político: el caso de Grecia Quiroz, quien asumió la alcaldía de Uruapan tras el asesinato de su esposo, el edil Carlos Manzo, y que hoy es vista por distintos actores —dentro y fuera de la oposición— como una figura capaz de capitalizar un descontento que no encuentra acomodo fácil en ningún partido.
Conviene no perder de vista lo esencial. Detrás de todos estos nombres, encuestas internas y “coordinaciones” con nombres rebuscados, lo que se está decidiendo es qué tan concentrado o distribuido estará el poder legislativo en México durante los próximos tres años. Una Cámara de Diputados con mayoría calificada opera de forma muy distinta a una donde el oficialismo necesita negociar cada reforma constitucional. Eso afecta directamente temas que ya están sobre la mesa: la revisión de leyes electorales, la discusión sobre derechos laborales y regulación de plataformas digitales, y el rumbo que tome la relación entre el Poder Legislativo y el Judicial tras la reciente reforma judicial.
También es cierto que este proceso llega con un mecanismo nuevo: la Cámara de Diputados aprobó ya la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, pensada para detectar perfiles con vínculos delictivos antes de que los partidos los registren formalmente. Es un intento —todavía por probarse en la práctica, porque la entrega de información será voluntaria— de blindar un proceso que en elecciones anteriores estuvo marcado por señalamientos sobre candidaturas cuestionadas.
Falta mucho para junio de 2027. Los perfiles de hoy pueden cambiar, aliarse, caerse o fortalecerse con el tiempo. Pero el ejercicio de observarlos desde ahora tiene sentido: la Cámara que viene se está construyendo, pieza por pieza, en este mismo momento. Y quien preste atención a estos primeros movimientos entenderá mucho mejor el país que resulte de las urnas dentro de once meses.
@jlcamachov
