“Los cárteles están librando una guerra en América, y es hora de que América libre una guerra contra los cárteles.”
El pasado 30 de junio de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y en coordinación con la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), emitió un contundente comunicado en el que sanciona a dos mexicanos y nueve entidades vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La información menciona que estas redes facilitan esquemas transfronterizos de contrabando de combustible, con documentos aduaneros falsificados, empresas fachada y mecanismos de evasión fiscal que generan decenas de millones de dólares anuales para la organización criminal.
Esta acción pone de manifiesto, con crudeza, hasta qué punto los cárteles mexicanos han diversificado sus operaciones y es que lo que comenzó como perforaciones clandestinas en ductos de Pemex ha evolucionado hacia una industria criminal compleja que abarca robo físico de combustible y petróleo, contrabando en ambas direcciones de la frontera y, especialmente, esquemas de huachicol fiscal que explotan lagunas aduaneras y fiscales.
De acuerdo con diversos datos y reportes oficiales, las actividades relacionadas con el huachicol representan actualmente la fuente de ingresos no provenientes del narcoterrorismo más importante para los cárteles mexicanos y otros actores ilícitos. Se calcula que generan cientos de millones de dólares al año, financiando no solo operaciones logísticas, sino también corrupción, violencia y expansión territorial.
La organización de estos grupos narcoterroristas va mucho más allá de la mera logística delictiva, la Alerta de mayo de 2025 emitida por FinCEN detalla con precisión
la forma en la que han perfeccionado los mecanismos para robar el petróleo crudo en México, introducirlo de contrabando en Estados Unidos, venderlo en los mercados energéticos y finalmente blanquear las ganancias y devolverlas a los cárteles en México, cerrando el círculo financiero.
Este modelo híbrido revela la profesionalización de los cárteles como empresas multinacionales del crimen, ahora no sólo compiten con el Estado en el control territorial; también lo desplazan en sectores estratégicos de la economía energética. Este delito erosiona las finanzas públicas mexicanas, distorsiona los mercados energéticos, contamina el medio ambiente y, sobre todo, fortalece la capacidad operativa de organizaciones que desafían la autoridad del Estado.
Los cárteles han mutado, el CJNG, designado como organización terrorista por el Presidente Donald Trump, se ha ido insertando en el corazón de la infraestructura energética nacional. La impunidad con la que operan estas redes evidencia fallas estructurales, debilidad institucional, corrupción en aduanas y puertos, insuficiencia en inteligencia y, sobre todo, falta de voluntad política para confrontar el problema en su raíz.
El panorama para nuestro país es complejo, y aunque se quisiera negar pareciera que día con día se complica aún más, hoy es necesario reconocer que se requiere fortalecer la cooperación en inteligencia, compartir información en tiempo real sobre flujos financieros y movimientos de hidrocarburos, endurecer controles aduaneros conjuntos, perseguir no solo a los operadores de bajo nivel sino a los facilitadores en ambos lados de la frontera, y atacar las fuentes de corrupción que permiten estos esquemas.
Además preocupa el señalamiento que se hace sobre que en México, los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación, con el fin de ayudar a elegir a políticos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles y controlar puestos administrativos clave en el gobierno.
Erradicar estas situaciones exige madurez, diplomacia y determinación compartida. Los cárteles se han convertido en actores que amenazan la gobernabilidad de México y la seguridad de Estados Unidos. Trabajar conjuntamente, con convicción real y sin simulaciones es la única vía para proteger a las familias de ambos países y restaurar el Estado de derecho que los narcoterroristas pretenden sustituir.
