¿Se te ha ponchado una llanta por un bache? Hablamos del agua cuando falta, una fuga inunda una calle o la lluvia desborda el drenaje. La infraestructura que distribuye agua potable y conduce aguas residuales envejece, se deteriora y necesita mantenimiento. Atenderla únicamente cuando falla es llegar tarde.
Por eso, la iniciativa que presenté para adicionar los artículos 17 Bis y 21 Bis a la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México propone incorporar el mantenimiento preventivo, la rehabilitación, modernización y sustitución progresiva de la infraestructura hidráulica y sanitaria a la planeación de la obra pública.
Se trata de realizar diagnósticos técnicos, identificar tramos con deterioro o fallas recurrentes y programar inversiones de largo plazo. Sustituir oportunamente una red puede significar menos desperdicio de agua, menos cierres viales, menor gasto repetido y mayor seguridad para las familias.
Los datos oficiales muestran el reto. En abril de 2025, el Gobierno capitalino informó que buscaba atender más de 30 mil fugas visibles y no visibles. Anunció equipo especializado para localizar pérdidas subterráneas y estimó recuperar 600 litros por segundo, equivalente al suministro anual para 180 mil personas. Detectar y reparar es indispensable, pero debemos evitar que las fallas se reproduzcan por falta de conservación.
En febrero de 2026, el Gobierno de la Ciudad anunció siete mil millones de pesos para 643 obras y acciones de agua, drenaje y saneamiento: 318 relacionadas con drenaje, 304 con agua potable y 21 con saneamiento. Se contemplan mantenimiento y rehabilitación de equipos, sustitución y automatización de infraestructura, telemetría para mejorar la operación y detectar fugas, además de nuevos colectores. Cada obra debe responder a diagnósticos y prioridades técnicas.
La iniciativa plantea fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Secretaría de Obras y Servicios y las alcaldías. No tiene sentido pavimentar una vialidad y abrirla meses después para intervenir una tubería que pudo atenderse conjuntamente. Coordinar las obras evita duplicar trabajos, reduce molestias y permite aprovechar mejor los recursos públicos.
Los hundimientos diferenciales, socavones y deformaciones afectan las tuberías y el funcionamiento del drenaje. Por eso, las obras deben considerar estudios técnicos del terreno. Además, cuando sea viable, la modernización debe evaluar la separación progresiva de aguas pluviales y residuales. Esto contribuiría a gestionar mejor la lluvia, reducir presiones sobre el drenaje y aprovechar el agua pluvial.
La estrategia anunciada para 2026 reconoce que la ciudad enfrenta simultáneamente escasez de agua e inundaciones, y contempla obras de drenaje e infiltración pluvial para prevenir riesgos.
La prevención no es un gasto accesorio: es una decisión de seguridad hídrica, salud pública y protección del patrimonio familiar. El derecho humano al agua no se garantiza únicamente con discursos ni respuestas de emergencia. También se garantiza debajo de nuestras calles, con redes que funcionen, drenajes seguros y obras planeadas para durar.
Cada fuga que prevenimos conserva agua; cada colector que rehabilitamos reduce riesgos; cada peso invertido con anticipación puede evitar costos mayores. La Ciudad de México necesita dejar atrás la lógica de actuar cuando la tubería revienta. Esta iniciativa busca que cuidar la infraestructura sea una responsabilidad permanente y una política pública con visión de futuro.
Porque una ciudad que conserva y moderniza sus redes protege algo más que sus calles: protege la vida cotidiana y el bienestar de sus habitantes. Si se te poncha una llanta por un bache en la CDMX, puedes hacer una reclamación por responsabilidad patrimonial ante tu alcaldía o la Secretaría de Obras y Servicios.
