Hay instituciones que, ante la sospecha, optan por el silencio. Y hay instituciones que, ante la sospecha, optan por mirarse de frente. La Universidad Nacional Autónoma de México acaba de elegir lo segundo, y eso —en un país donde la opacidad suele ser la respuesta por default ante cualquier señalamiento— merece decirse con todas sus letras: la decisión del rector Leonardo Lomelí de ordenar una revisión exhaustiva del proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027 no es una muestra de debilidad institucional. Es exactamente lo contrario.
Conviene recordar el contexto. El primer examen de admisión aplicado totalmente en línea por la UNAM dejó, desde su primera jornada, señales que no podían ignorarse: casi 500 aspirantes bloqueados por conductas contrarias a las reglas del concurso, denuncias penales por presuntos fraudes de personas y empresas que ofrecían ayudar a “aprobar” mediante prácticas irregulares, y un salto estadístico difícil de explicar solo por el mérito —el número de calificaciones perfectas en Medicina, por ejemplo, pasó de dos a nueve en apenas un año—. A eso se suman los testimonios de aspirantes que aseguran haber sido desplazados por quienes hicieron trampa, y el diagnóstico de especialistas en educación que advierten que la modalidad digital, tal como se implementó, abrió la puerta a la suplantación de identidad y a la filtración de contenido del examen.
Frente a esto, la UNAM tenía, en realidad, dos caminos. Podía minimizar el problema, defender el proceso a ultranza y esperar a que el ruido mediático se disipara. O podía hacer lo que hizo: reconocer que algo falló, suspender la revisión presencial de más de mil exámenes con resultados inconsistentes, presentar una denuncia penal, y —lo más relevante— integrar una comisión técnica de especialistas universitarios que analice a fondo el procedimiento, los datos y el desempeño de los aspirantes, con el mandato explícito de proponer mecanismos que fortalezcan la admisión hacia el futuro.
Elegir la segunda ruta no es cómodo. Toda institución centenaria carga con la tentación de proteger su imagen antes que su verdad. Pero la verdadera fortaleza de una universidad no se mide por la ausencia de errores, sino por su capacidad de someterse a escrutinio cuando los errores aparecen. Una institución que se investiga a sí misma, que abre sus procesos a una comisión técnica y que no le teme a lo que pueda encontrar, es una institución que confía en sus propios cimientos. La opacidad, en cambio, es casi siempre la estrategia de quien tiene algo que ocultar.
Esto importa especialmente porque lo que está en juego no es un trámite administrativo: es la confianza de decenas de miles de jóvenes que dedicaron meses de su vida —y en algunos casos, como relató una aspirante, renunciaron a su empleo y se alejaron de su vida social y familiar— para competir por un lugar en la Máxima Casa de Estudios. Cuando esa confianza se tambalea, no basta con explicaciones: se necesitan hechos. Y ordenar una investigación exhaustiva, con especialistas externos al proceso mismo, es exactamente el tipo de hecho que restituye credibilidad donde la sospecha la había erosionado.
Es cierto que persisten preguntas legítimas. ¿Bastará la revisión anunciada para reparar el daño a quienes fueron injustamente desplazados por tramposos? ¿Se ajustará la lista de aspirantes admitidos si la comisión encuentra irregularidades graves, algo que hasta ahora la Universidad ha descartado? ¿Aprenderá la UNAM de la experiencia de la Universidad Autónoma Metropolitana, que ya utiliza cámara frontal y un segundo dispositivo para vigilar el entorno del sustentante? Son preguntas que la propia comunidad universitaria y la opinión pública tienen derecho a seguir planteando, y que la comisión técnica deberá responder con datos, no con discursos.
Pero la ruta ya está trazada, y va en la dirección correcta. Una universidad que se atreve a auditarse, a exhibir sus fallas y a corregir su método antes de que la duda se convierta en descrédito permanente, no se debilita: se blinda. Se blinda ante la crítica fácil, ante el linchamiento mediático y, sobre todo, ante la erosión silenciosa de la confianza social que sostiene a cualquier institución pública. La imparcialidad y la objetividad no se declaran, se demuestran, y la UNAM ha optado por demostrarlas de la única forma que realmente convence: abriendo la puerta y dejando que otros revisen el trabajo.
Esa es, hoy, la mejor defensa que la Máxima Casa de Estudios puede ofrecer de sí misma.
@jlcamachov
