En un país donde la sangre sigue corriendo como moneda de cambio en plazas y carreteras, Felipe Calderón reapareció en Chihuahua con la espada en alto. Reconoció errores —un gesto raro en la política mexicana—.
Defendió a la gobernadora Maru Campos, acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de proteger a quienes tienen “complicidad con criminales” y sentenció que la soberanía no se defiende con “discursitos”, sino con la fuerza del Estado.
El mensaje tiene fuerza retórica. Calderón gobernó entre 2006 y 2012 declarando la guerra al narco. Desplegó al Ejército en las calles, enfrentó cárteles y pagó un precio altísimo en vidas: decenas de miles de muertos y desaparecidos marcaron su sexenio. Hoy, con Genaro García Luna —su secretario de Seguridad— condenado en Estados Unidos por narcotráfico, el expresidente evita sistemáticamente ese capítulo incómodo. Sin embargo, lo que dijo en Chihuahua no tiene desperdicio: el compromiso de cualquier gobierno es combatir al crimen en favor de sus ciudadanos, no negociar con ellos.
Sheinbaum, por su parte, respondió como suele hacerlo: con narrativa histórica y contraataque. Calificó el sexenio de Calderón y el de Fox con el mismo adjetivo que se aplica a Morena: “narcogobierno”. Recordó el operativo Rápido y Furioso —donde agencias estadounidenses permitieron el ingreso de miles de armas a México— y subrayó que su administración coordina, pero no se subordina. En lugar de detallar avances concretos en Chihuahua o Michoacán, donde la violencia persiste, optó por la columna vertebral de Morena: culpar al pasado.
Ambos tienen razón a medias y se equivocan de lleno en lo esencial.
Calderón no inventó al crimen organizado —existía antes y creció con corrupción, impunidad y demanda estadounidense de drogas—, pero su estrategia frontal escaló la confrontación sin construir instituciones sólidas que sostuvieran la presión. García Luna es el símbolo más doloroso de esa falla: el hombre encargado de combatir al narco terminó condenado por pactar con él. Reconocer errores sin deslindar responsabilidades le quita autoridad.
Sheinbaum, por su lado, heredó un problema estructural que no se resuelve con abrazos ni con “inteligencia” declarativa. La realidad en 2026 sigue siendo brutal: extorsiones, fosas, sicarios adolescentes y gobernadores o alcaldes señalados por vínculos con cárteles. Criticar el pasado es legítimo; gobernar el presente exige resultados medibles. Hasta ahora, la “paz” prometida por la 4T se parece más a una reconfiguración del crimen que a su derrota. Las estadísticas oficiales de homicidios siguen siendo alarmantes en varias regiones, y la percepción ciudadana de inseguridad no ha mejorado.
El expresidente regresa al ring para defender a una gobernadora opositora mientras evita su propio espejo. Y una presidenta que, en vez de convocar a un acuerdo nacional serio de seguridad —como el propio Calderón propuso—, prefiere el mitin y la descalificación. México no necesita más gladiadores verbales. Necesita Estado de derecho real, policías confiables, justicia expedita y coordinación que trascienda sexenios y partidos.
La soberanía, sí, se defiende con fuerza, pero también con honestidad. Ni la guerra sin freno ni la negación ideológica han funcionado. Los mexicanos de a pie no piden discursos incendiarios ni revisiones históricas. Piden que el Estado cumpla su función básica: protegerlos.
Al final, la polarización entre Calderón y Sheinbaum alimenta titulares y redes sociales, pero deja intacto el problema. Mientras ellos debaten quién se manchó más las manos, la sangre sigue corriendo. El verdadero enemigo no es el adversario político, sino un crimen organizado que se ha vuelto más sofisticado.
La historia no se escribe con mítines. Se escribe con resultados. Y México, exhausto de promesas, espera todavía que alguien los entregue.
