La escena se repite en las pantallas con una frecuencia que hiela la sangre, pero que ya no interrumpe el café de la mañana. Un video de seguridad muestra la puerta de un hogar destruida a golpes. Hombres con armas largas ingresan a plena luz del día, encañonan a una mujer y se la llevan arrastrando. La víctima es la periodista Roxana Guzmán, directora de Pulso Informativo del Sureste. Más allá de cómo la brutalidad de su sustracción representa una afrenta directa a la libertad de prensa, este hecho es el síntoma de una sociedad que ha terminado por normalizar el horror, ver cómo se apaga la voz de un comunicador en directo se ha vuelto parte del paisaje cotidiano en México.
Ejercer el periodismo en este país se ha consolidado como una de las actividades de mayor riesgo en el mundo. El asedio no es una percepción mediática; es una realidad que se sostiene sobre estructuras de impunidad histórica. El informe anual “Estructuras del silencio”, presentado por ARTICLE 19, revela un incremento alarmante en la violencia contra la prensa, donde los homicidios de comunicadores casi se duplicaron en el periodo reciente. El panorama se vuelve aún más siniestro al revisar que los principales perpetradores de estas agresiones no pertenecen únicamente a las filas de la delincuencia organizada; en un 31% de los casos documentados, los atacantes fueron funcionarios públicos, seguidos por un 17% de fuerzas de seguridad civil. El Estado, obligado a proteger, se convierte con frecuencia en el verdugo.
Veracruz de los silencios
Si el mapa nacional es hostil, regiones como Veracruz representan un auténtico agujero negro para la libertad de expresión. El estado arrastra un estigma de censura violenta que ninguna administración ha logrado erradicar. Históricamente bautizado por investigadores de derechos humanos como “el Veracruz de los silencios”, la entidad mantiene bajo la lupa un historial de decenas de asesinatos y desapariciones forzadas que permanecen en la impunidad absoluta. La inacción gubernamental y el asedio constante —incluso mediante el uso del aparato judicial para criminalizar a reporteros—, han provocado el desplazamiento forzado de comunicadores que se ven obligados a elegir entre el exilio o la muerte.
El caso de Roxana Guzmán es la continuación de una pedagogía del miedo encaminada a silenciar las coberturas de corrupción y vínculos delictivos. De acuerdo con registros de la ONU, una gran parte de los periodistas asesinados en la última década en México sufrieron atentados previos o presentaron denuncias ante las fiscalías sin recibir protección efectiva. La respuesta institucional suele limitarse a emitir comunicados de condena mientras los mecanismos de protección operan rebasados por la realidad del terreno.
La sustracción de Roxana, grabada y consumada con total impunidad en su propio domicilio, demuestra que las leyes actuales y las fiscalías locales han fracasado en garantizar la integridad de quienes informan. Cuando la ciudadanía y el gremio periodístico terminan por normalizar que un grupo armado encañone a una reportera en su sala, el pacto social se rompe por completo. México no puede aspirar a la justicia social mientras sus periodistas sigan siendo borrados de la escena pública a golpes de culata. La verdad no debe costar la vida o la libertad, y el silencio no puede seguir ganando terreno en nuestra historia.
