La presidenta Sheinbaum envió una iniciativa de reforma electoral con cambios relevantes: reducción del financiamiento público a los partidos, disminución del número de senadores y ajustes al mecanismo de representación proporcional para restar poder a las dirigencias partidistas en la definición de candidaturas.
Sin embargo, el peso de esta iniciativa no radica únicamente en su contenido, sino en el momento y en las condiciones en que fue presentada. La presidenta impulsó esta reforma sin contar con el respaldo firme de sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, quienes han manifestado reservas e incluso un rechazo abierto.
Eso transforma la reforma en algo más que un proyecto legislativo: la convierte en una definición política.
Desde el gobierno, la narrativa ha sido consistente. Se trata de un compromiso asumido con el pueblo y, por tanto, no sujeto a negociación. “Los principios no se negocian” ha sido el mensaje central. Morena asumió la reforma como bandera y su defensa pública se ha concentrado en dos frentes: la presidenta en la conferencia mañanera y Arturo Zaldívar como voz técnica en medios de comunicación. La narrativa es sencilla y contundente: quien vote en contra tendrá que explicar sus razones al pueblo que los llevó al poder.
Contrario a lo esperado, la confrontación sobre esta iniciativa no se dio con la oposición, sino al interior de la propia coalición gobernante. El choque con los aliados exhibió tensiones reales y dejó al descubierto prioridades distintas. Más allá del desacuerdo puntual, la iniciativa permitió medir distancias dentro del bloque oficialista: quién acompaña y quién se desmarca.
Paradójicamente, esta confrontación interna redujo el costo político para la oposición. La discusión pública se concentró en la fractura entre aliados y no en la crítica opositora, que terminó nuevamente diluida.
En términos estrictamente normativos, el futuro de la reforma es incierto. En el terreno político, en cambio, ya produjo efectos: anticipó cómo se moverán las fuerzas rumbo a 2027 y obligó a todos a fijar postura. Más que una reforma electoral en trámite, fue un ejercicio de medición política. Y en esa medición, la presidenta ya obtuvo información valiosa.
