Ni un año ha pasado del desastre y la farsa que significó la elección judicial —la cual registró una pírrica participación del 13 por ciento— cuando la propia Presidencia de la República sale a reconocer que la reforma estaba mal diseñada y que, esencialmente, fue errónea.
La propuesta para aplazar la elección de jueces hasta 2028 pareciera un simple ajuste administrativo, pero lo que en realidad estamos viendo es la admisión de un fracaso político y legislativo monumental. Morena prometió una revolución judicial y terminó atrapado, empantanado y paralizado ante las consecuencias de su propia soberbia al atentar contra las bases mismas del Estado mexicano.
La llamada reforma judicial fue presentada por Morena como un parteaguas en la manera de acceder a la justicia. Nada más alejado de la realidad pues el régimen se aprovechó de una mayoría artificial en el Congreso de la Unión para aprobar una reforma de corte autoritario, capturar al Poder Judicial y, con ello, garantizar jueces y sentencias a modo.
Poco les importó destruir la carrera judicial y truncar el camino profesional de verdaderos especialistas en las distintas ramas del Derecho con tal de instaurar un modelo de votación que impulsó la llegada de personas poco calificadas y carentes de experiencia. El resultado ha sido caótico: renuncias tempranas, sentencias endebles y una profunda desarticulación de las estructuras judiciales.
Académicos, juristas, universidades y organismos internacionales advirtieron una y otra vez sobre los riesgos constitucionales, técnicos y operativos de elegir jueces mediante voto popular. Incluso las y los priistas, quienes alzamos la voz de manera unánime, fuimos descalificados y tachados de conservadores y reaccionarios por advertir exactamente lo que hoy está ocurriendo.
La incertidumbre institucional tiene consecuencias económicas, políticas y diplomáticas. México compite en un entorno marcado por la relocalización de inversiones, las tensiones comerciales y la disputa global por atraer capital productivo. En ese contexto, ningún país puede darse el lujo de transmitir la imagen de que sus reglas constitucionales cambian constantemente según las necesidades políticas del partido gobernante.
Es preocupante que detrás de toda esta discusión persiste la intención de debilitar los contrapesos institucionales para concentrar poder. Si la prioridad hubiera sido mejorar el sistema de justicia, Morena habría construido consensos, escuchado especialistas y fortalecido las capacidades judiciales existentes. Pero el objetivo nunca fue construir una mejor justicia; el objetivo fue someter al Poder Judicial.
Hoy, que el narcogobierno de Morena enfrenta un creciente repudio social por encubrir y proteger a sus narcopolíticos, pretenden posponer la elección un año más, tratando de ganar tiempo para recomponer un escenario político que se les desmorona entre escándalos de corrupción, señalamientos de colusión con el crimen organizado y una ciudadanía cada vez más consciente del enorme daño que le han hecho al país.
Pero la gente ya se dio cuenta. Las y los mexicanos no están dispuestos a seguir tolerando las corruptelas, la impunidad y los vínculos oscuros de un régimen empeñado en degradar las instituciones de la República para proteger sus intereses y a sus personajes más cuestionados.
Cuando un gobierno juega con las instituciones para obtener ventajas electorales, el costo termina pagándolo toda la nación. Y hoy México comienza a pagar exactamente ese precio.
