Es preocupante que, a ojos de muchas personas, el debate sobre el voto capacitario reaparezca como una propuesta, no sólo válida,sino de vanguardia; y es que no sólo se trata de una idea reciclada, sino que además es una confesión explícita de frustración política.
La viralización de videos en los que creadores de contenido y comentaristas afines a la oposición cuestionan el valor del voto de personas sin educación formal cae en un clasismo que es difícil de ignorar. Sugerir que la boleta electoral deba ponderarse según el título universitario o que se apliquen exámenes cívicos para ingresar a la casilla no delata otra cosa salvo una profunda ignorancia sobre la naturaleza de la política.
Más que un diagnóstico sobre la calidad de las urnas, esta postura expone la incapacidad de un sector para construir una narrativa que conecte con la mayoría del país tras el desgaste popular de las opciones tradicionales.
Parece que, en su profundo desprecio por la clase obrera mexicana, que, curiosamente alberga a la mayoría del país, figuras como Natalia Torres, Javier Albarrán o los influencers Leo y Nachoolvidan que la democracia existe, precisamente, como un contrapeso institucional para remediar las desigualdades estructurales que aquejan a una nación.
En otras palabras, condicionar el ejercicio de la ciudadanía al grado de estudios equivale a castigar al elector por una omisión histórica del propio Estado, que durante décadas fue incapaz de garantizar el acceso universal a la educación. De acuerdo con datos del INEGI, la escolaridad promedio en México alcanza apenas los 9.7 años, lo que equivale a la secundaria concluida.
Exigir un título superior para decidir el destino del país despojaría del derecho al sufragio a más del 80% del padrón electoral, convirtiendo a la República en una oligarquía donde una minoría privilegiada impone su agenda sobre la mayoría postergada; y, sin voz ni voto que las contemple, las personas analfabetas, por su parte, vivirían condicionadas a alimentar ese círculo vicioso que, en primer lugar, las confinó a una realidad social privada del acceso a la educación.
El sesgo de la exclusión
Esta retórica no es nueva; abreva de una rancia tradición conservadora que en el siglo XIX instauró el voto censatario para reservar el gobierno a las clases propietarias. Asumir de forma simplista que un título universitario garantiza un juicio político superior o una inmunidad absoluta ante la manipulación es una falacia. La historia demuestra que la preparación académica no exime a ningún grupo del sesgo, el egoísmo de clase o la corrupción. La dignidad ciudadana no se mide en cédulas profesionales ni en declaraciones de impuestos. Todo esto se fundamenta en la condición humana y en la pertenencia a un pacto social donde la voz del campesino, el obrero y el académico poseen exactamente el mismo valor soberano.
A pesar del deslinde del Partido Acción Nacional para evitar el costo electoral de estas posturas, el germen de la exclusión persiste en el discurso de sus simpatizantes digitales. El Artículo 1° de la Constitución prohíbe de manera tajante cualquier forma de discriminación por condición social o educativa.
Sí, hay que reconocer declaraciones como la de la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien calificó como absurda y retrógrada la propuesta de Barragán de implementar una figura de ‘voto familiar’, pero si el partido blanquiazul se quiere deslindar de los resquicios del movimiento sinarquista, que alguna vez fue y que no tiene cabida en nuestra actualidad, la negativa del PAN se debería traducir en actos y, quizá, una purga de figuras que anclan el movimiento.
Pretender regresar a esquemas donde la urna es un privilegio de chequera o de academia no solo atenta contra la ley fundamental, sino que profundiza la brecha social que se pretende erradicar. Cuando una facción política propone restar valor al voto del pueblo porque no vota como ella desea, el problema no reside en la ignorancia del electorado, sino en la soberbia de quienes se asumen dueños de la verdad pública.
