Mientras el narcogobierno de Morena insiste en presentarse como el gran transformador del país, los principales organismos internacionales especializados en medir las libertades, el Estado de derecho y la calidad de la democracia describen una realidad muy distinta.
La Economist Intelligence Unit clasifica a México como una “democracia imperfecta”. Freedom House nos considera un país “parcialmente libre”. El Instituto V-Dem, referencia mundial en el estudio comparado de los regímenes políticos, ubica a nuestro país en la categoría de “autocracia electoral”. El World Justice Project documenta graves déficits en materia de Estado de derecho, mientras que Transparencia Internacional registra algunos de los peores indicadores de corrupción de nuestra historia reciente.
Todas las mediciones apuntan en la misma dirección: la democracia mexicana se encuentra en franco deterioro.
Esta situación tiene responsables, causas y una ruta perfectamente identificable. Desde la llegada de López Obrador, el narcogobierno de Morena comenzó una ofensiva sistemática contra el INE, el Poder Judicial y los organismos autónomos; inició una brutal persecución política contra las voces de oposición y cargó contra la prensa libre, la sociedad civil y la clase media. El resultado es un proceso constante de erosión institucional que hoy tiene a México bajo la lupa de la observación internacional.
Lo ocurrido durante el reciente periodo extraordinario de sesiones constituye una nueva evidencia de esta deriva autoritaria.
Bajo el discurso de la defensa de la soberanía nacional, Morena impulsó reformas que abren la puerta a la nulidad de elecciones por supuestos actos de injerencia extranjera mediante conceptos ambiguos, vagos y susceptibles de interpretación política. En el fondo, lo que buscan es construir una coartada para cuestionar resultados electorales adversos y mantener abierta una vía de intervención política sobre los procesos democráticos.
A ello se suma la reforma de la propia reforma judicial. Fiasco tras fiasco. Después de destruir la carrera judicial, vulnerar la independencia de los juzgadores y sumir al sistema de justicia en la incertidumbre, ahora Morena reconoce implícitamente el fracaso de su experimento y aplaza hasta 2028 la elección judicial.
Tampoco puede pasar desapercibida la creación de una comisión de verificación para revisar candidaturas bajo criterios que generan dudas sobre su imparcialidad y autonomía. Resulta paradójico que quienes respaldaron, promovieron y protegieron a personajes como el narcogobernador Rubén Rocha Moya, pretendan ahora erigirse en árbitros de la integridad de las candidaturas.
El combate a la narcopolítica es una exigencia nacional, pero debe realizarse mediante instituciones autónomas, reglas claras y procedimientos transparentes, no a través de mecanismos susceptibles de control político.
Morena ha convertido la relación con los órganos electorales en una disputa permanente. En lugar de fortalecer su autonomía, ha optado por someterlos a una presión constante, ya sea mediante reformas, restricciones presupuestales o cuestionamientos sistemáticos. Lo que está en juego no es la actuación de las autoridades electorales, sino la pretensión del oficialismo de reducir la capacidad de las instituciones para actuar con plena independencia frente al gobierno.
Por ello, resulta indispensable recordar una verdad histórica que a muchos les incomoda, pero que difícilmente pueden refutar: las grandes reformas democratizadoras de México fueron producto de acuerdos, diálogo y construcción institucional de los gobiernos del PRI.
La creación de autoridades electorales autónomas, el fortalecimiento del sistema de partidos, la apertura del régimen y la transición democrática fueron resultado de décadas de reformas orientadas a abrir el sistema político, ampliar derechos, fortalecer instituciones y generar confianza en las reglas del juego democrático.
México necesita más democracia, más pluralidad y mejores instituciones. Necesita legalidad, transparencia y límites efectivos al poder. Necesita gobiernos que rindan cuentas y no gobiernos que pretendan someter a los órganos que deberían vigilarlos. Por ello, las y los priistas seguiremos defendiendo la democracia, la República y las libertades que tanto trabajo le costaron a nuestro país. Esa es la batalla de nuestro tiempo y es una batalla que vamos a dar cueste lo que cueste.
