El pasado sábado 18, la presidenta de México participó en la IV Cumbre de Defensa de la Democracia en Barcelona, foro organizado por el gobierno español al que asistieron figuras de la talla de los mandatarios de Brasil, Colombia y Uruguay. En este contexto, la mandataria aprovechó para zanjar, junto a su homólogo español, el cierre de unas desavenencias que ya acusaban el paso del tiempo; ese peculiar distanciamiento iniciado por su antecesor bajo la premisa de que la diplomacia actual se resuelve desempolvando agravios del siglo XVI.
En un escenario más cercano al surrealismo que a la Realpolitik, la relación bilateral navegó bajo el concepto de “pausa” —esa ocurrente valoración terminológica inventada por el expresidente mexicano, ajena a todo manual diplomático, que conllevó a ambos gobiernos a ignorarse durante dos años sin que el pragmatismo de los negocios se alterara—. La trama de esta opereta de carpa fue la exigencia de disculpas a la Corona por la Conquista, reclamo que terminó dejando al Rey Felipe VI fuera de la toma de posesión en 2024 de la nueva presidenta de México. Ante el desplante, España optó por una ausencia total, dejando las sillas del evento tan vacías como los argumentos de la disputa, hasta que el clima de Barcelona bastó para sanar cicatrices de quinientos años en apenas un fin de semana.
La agenda se articuló en tres pilares: blindar al multilateralismo, frenar la desinformación y encarar la desigualdad. Pero tras el discurso oficial, el calado real reside en el fortalecimiento de un bloque autodenominado “progresista” en resistencia y de supervivencia ante la influencia de Washington y la marea de figuras como Javier Milei de Argentina y José Antonio Kast de Chile. En un orden fracturado entre EU y China, esta unidad actúa como escudo: la Cumbre es la vitrina de un marketing de promoción y protección de la agenda en un entorno hostil.
No obstante, el esquema padece una debilidad estructural: la dependencia de la presidencia en turno. La salida de Gabriel Boric en Chile recuerda cómo estos proyectos se desdibujan si el ciclo gira a la derecha. Lula termina en enero de 2027 y busca reelegirse a sus 80 años de edad; Petro lo hará en agosto de 2026, sin reelección. Llamativamente, el foro ocurre entre líderes ligados a personajes autoritarios y dictaduras, como la venezolana y cubana, y algunos señalados por manejo de fondos ilícitos (Lula y Petro).
Para México, la incursión sería un paso necesario para empezar a sacudirse el aislamiento internacional en que se encuentra y matizar su dependencia —por momentos de sumisión— frente a Washington. Pero la presidenta camina sobre el filo de la navaja: o rompe el repliegue y devuelve al país un asiento global o persiste el ejercicio partidista y no de Estado. Priorizar la sintonía de la 4T con este eje amenaza con alinear a un socio imprescindible como EU en contra, justo cuando la revisión del T-MEC —vital para el 80 % de nuestras exportaciones— asoma ya.
La Cumbre destila ideología para contener la marea conservadora. Aunque la mandataria niegue que sea una cita “anti-Trump”, la beligerancia de España y Brasil termina arrastrando al país al bando de los detractores por asociación. A esto se suman gestos que, en realpolitik, parecen gratuitos: defender la no intervención en Cuba toca fibras sensibles en Florida, arriesgando represalias en aranceles o seguridad. Al final, el discurso democrático exterior choca con la realidad interna mexicana: la desaparición de órganos autónomos y la centralización del poder debilitan la estatura moral de México y siembran dudas en inversionistas que, más que ideales, buscan certidumbre. Bajo este tablero, el país ya se prepara para recibir la cumbre en 2027, dejando en el aire una pregunta incómoda: ¿existe en verdad una estrategia diplomática de Estado o solo el dilema irresuelto entre el interés nacional y la agenda ideológica?
