Las elecciones intermedias del 3 de noviembre en Estados Unidos arrojaron resultados significativos para la representación política de diversas comunidades. Destacan las victorias de personas migrantes y descendientes de familias que buscaron nuevas oportunidades en ese país.
Más allá de los partidos que las postularon, sus historias invitan a reflexionar sobre la importancia de integrar experiencias de vida diversas en los espacios de decisión pública.
Por la estrecha relación histórica y migratoria con México, destaca el caso de Xavier Becerra, elegido gobernador de California. Hijo de una madre originaria de Jalisco, fue el primero de su familia en obtener un título universitario. Su carrera incluye cargos como congresista, fiscal general de California y secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
En Texas, Gina Hinojosa se convirtió en la primera mujer latina elegida gobernadora del estado. Nacida en Estados Unidos, su familia tiene raíces mexicanas, ya que su madre es originaria de San Luis Potosí. Antes de integrarse a la legislatura estatal, defendió la escuela pública de su hijo, experiencia que la acercó a la política.
Estos perfiles presentan trayectorias profesionales y posiciones políticas diversas, pero comparten un elemento. Sus historias personales o familiares están vinculadas a la migración y ayudan a visibilizar realidades que no siempre han estado presentes en los espacios de representación política.
La pluralidad de sus experiencias puede contribuir a que los órganos de gobierno y legislativos comprendan y atiendan mejor las distintas necesidades sociales. Compartir un origen migrante no garantiza automáticamente la representación de toda una comunidad. Para que exista una representación sustantiva, la gestión debe acompañarse de mecanismos de participación, comunicación y rendición de cuentas.
Esta reflexión es especialmente relevante para México, donde la migración tiene tres expresiones. Durante décadas, millones de personas mexicanas han construido proyectos de vida fuera del país, sin perder sus vínculos familiares, económicos, culturales y políticos con sus comunidades de origen. Otras han regresado, por decisión propia o por deportación, y enfrentan el reto de reincorporarse a su comunidad, a sus trámites y al ejercicio de sus derechos. Otras más han llegado a vivir a nuestro país, incluidas personas solicitantes de refugio y de protección internacional. La migración cambia el lugar de residencia, pero no el interés de participar en las decisiones públicas.
En la Ciudad de México hemos avanzado en el reconocimiento de esta realidad. Desde 2021, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) organiza la elección de la Diputación Migrante, un mecanismo que permite a la ciudadanía capitalina residente en el extranjero elegir directamente a una persona que represente sus intereses en el Congreso local.
La evolución de esta participación es significativa. En 2021 se recibieron 8,906 votos, mientras que en 2024 la cifra aumentó a 45,742. Son miles de personas que, pese a la distancia, decidieron involucrarse en la vida democrática de su ciudad.
Las personas retornadas y las personas inmigrantes se relacionan de manera distinta con los derechos políticos y de participación. Las primeras ejercen su derecho al voto en la ciudad como el resto de la ciudadanía, siempre que cuenten con su credencial para votar vigente. Las segundas no votan en las elecciones constitucionales, pero forman parte de la comunidad y pueden participar en los mecanismos de participación ciudadana abiertos a las personas habitantes. Reconocer estas condiciones permite diseñar acciones de información y acompañamiento para cada población.
El 6 de junio de 2027, la ciudadanía originaria de la Ciudad de México que reside en el extranjero podrá elegir nuevamente a su representación migrante. Para lograrlo, es fundamental seguir difundiendo sus derechos, facilitar los mecanismos de participación y fortalecer los vínculos con las comunidades fuera del país.
La representación migrante incluye la posibilidad de ocupar un cargo público y también la participación en la deliberación colectiva de quienes conocen las experiencias, necesidades y desafíos de vivir fuera de su país de origen. Esa participación implica proponer soluciones y rendir cuentas a la ciudadanía.
Las elecciones estadounidenses nos recuerdan que los procesos de migración forman parte de la historia política de los estados. En México, el reto es construir una democracia en la que la distancia geográfica, el regreso o la llegada al país no impliquen distancia política, y en la que toda persona ejerza plenamente los derechos que le corresponden, sin importar su lugar de origen o residencia.
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