Esta semana vi Palacio, la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia de Colombia por la guerrilla del M-19, en 1985, y la brutal respuesta del Ejército. Terminé indignada. No solo por lo ocurrido hace más de cuarenta años, sino porque muchas de las escenas bien podrían haber sucedido en México.
Durante varios capítulos no pude dejar de pensar en México. Las semejanzas son demasiadas. Militares que creen que pueden hacer lo que quieran, autoridades civiles que se lavan las manos, funcionarios que se empeñan en defender versiones oficiales que nadie cree y familias que pasan años buscando a quienes desaparecieron estando bajo custodia del Estado.
¿Cómo no pensar en Tlatlaya o en Ayotzinapa o en las miles de madres que recorren nuestro país buscando a sus hijas e hijos y que siguen esperando respuestas?
Pero lo que más vueltas me ha dado en la cabeza desde entonces es otra cosa. Colombia, después de todo lo que vivió, ha conseguido avances que hace algunas décadas parecían impensables.
Estamos hablando de un país que durante años estuvo prácticamente secuestrado por las guerrillas, los narcotraficantes, los paramilitares y la corrupción. Donde la violencia parecía no tener fin y donde las propias autoridades muchas veces fueron parte del problema. Y, sin embargo, algo ha cambiado.
No quiero decir que Colombia sea hoy un ejemplo de justicia perfecta. Está muy lejos de serlo. Todavía hay impunidad, desaparecidos y víctimas que llevan décadas esperando respuestas. Pero ha logrado construir mecanismos para investigar lo ocurrido, reconocer responsabilidades y buscar a quienes siguen desaparecidos. Su experiencia en justicia transicional se ha convertido en un referente para otros países de América Latina.
Y entonces me pregunto por qué nosotros no habríamos de poder hacer lo mismo.
En México llevamos años viendo cómo se acumulan las tragedias sin que pase gran cosa. Tenemos miles de desaparecidos, fosas clandestinas que siguen apareciendo y madres que tienen que salir con una pala a buscar a sus hijos porque las autoridades no hacen su trabajo.
Y mientras todo esto sucede, nos quieren convencer de que con elegir jueces por voto popular vamos a resolver los problemas de la justicia.
Hoy tenemos una nueva Suprema Corte, pero seguimos teniendo fiscalías que no investigan, víctimas que no encuentran respuestas y responsables que viven tranquilos porque saben que difícilmente les pasará algo.
No digo que antes tuviéramos una justicia ejemplar. Por supuesto que no. Había corrupción, privilegios y demasiadas cosas que corregir. Pero precisamente por eso necesitábamos una reforma que atendiera los problemas de fondo, no una que se concentrara en cambiar a quienes ocupan los tribunales.
Lo que me parece importante de la experiencia colombiana es que buena parte de sus avances se consiguieron gracias a personas que nunca dejaron de exigir justicia. Familias, periodistas, abogados y organizaciones que insistieron durante años, incluso cuando parecía que nadie quería escucharlos.
En México también tenemos gente así. Muchísima. Ahí están las madres buscadoras, las organizaciones de víctimas y tantas personas que siguen dando la batalla, muchas veces solas y poniendo en riesgo su propia vida.
Quizá lo que nos falta es entender que esa lucha también es nuestra. Que no podemos seguir viendo las desapariciones, los abusos y la impunidad como problemas que solo les corresponden a quienes los padecen directamente.
No sé cuánto tiempo nos tomaría recuperar la justicia en México. Seguramente mucho. Tampoco creo que quienes hoy tienen el poder vayan a hacerlo por iniciativa propia.
Pero después de ver Palacio me quedé con una idea que me parece, a la vez, un llamado a la acción: si Colombia, con toda su historia de violencia, guerrillas y narcotráfico, ha podido empezar a reconstruir su justicia, nosotros también podemos.
Me resisto a creer que México esté condenado a la impunidad. Todavía podemos recuperar la justicia.
