En política, el tiempo casi siempre comunica tanto como las palabras. Y cuando un gobierno decide colocar un tema en el centro de la conversación pública, la primera pregunta no debería ser únicamente qué está diciendo, sino por qué lo dice en ese momento.
Eso ocurrió este martes, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum endureció el tono frente a Estados Unidos al exigir explicaciones sobre la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024. El gobierno mexicano sostiene que existen indicios de que autoridades estadounidenses participaron en una operación realizada en territorio nacional sin conocimiento ni autorización de México, un hecho que, de comprobarse plenamente, representaría una violación a la soberanía nacional.
El reclamo no surge de la nada. Desde la detención de Zambada, México ha solicitado información a Washington sobre el operativo. En los últimos días, sin embargo, el caso volvió a cobrar fuerza tras conocerse que el FBI reivindicó su participación en la operación y que la aeronave utilizada para trasladar al capo fue incorporada a una exhibición en un museo de Nuevo México, reavivando las dudas sobre el papel desempeñado por las autoridades estadounidenses.
La exigencia de transparencia es legítima. Ningún Estado puede permanecer indiferente si existe la posibilidad de que agentes extranjeros hayan intervenido en su territorio sin autorización. Defender la soberanía no sólo es un derecho; es una obligación constitucional.
Pero esa no agota la discusión.
La pregunta inevitable es por qué el gobierno decidió elevar el tono precisamente ahora. El caso lleva casi dos años abierto. Durante ese tiempo, México insistió en solicitar información por la vía diplomática, pero el tema nunca ocupó el lugar prioritario que hoy tiene en la agenda presidencial.
El contexto ayuda a entender por qué el asunto adquirió una nueva dimensión. En las últimas semanas se han acumulado episodios que tensan la relación bilateral: investigaciones del Departamento de Justicia contra políticos mexicanos, revelaciones sobre operaciones estadounidenses en territorio nacional, la publicación de un libro del exembajador Ken Salazar y ahora la decisión del FBI de presentar el caso Zambada como un éxito operativo.
Nada de ello demuestra que exista un cálculo político detrás del anuncio presidencial. Sería irresponsable afirmarlo sin pruebas. Sin embargo, en política el momento en que se decide abrir una discusión pública también forma parte del mensaje. Por eso resulta válido cuestionar por qué un caso que permaneció durante meses en un segundo plano hoy se convierte en uno de los ejes del discurso presidencial.
Las relaciones entre México y Estados Unidos atraviesan uno de sus momentos más complejos en materia de seguridad. Precisamente por eso, cualquier denuncia sobre una posible violación a la soberanía debe sostenerse con evidencia, consistencia y seguimiento. De lo contrario, el riesgo es que un asunto de enorme trascendencia termine perdiendo fuerza entre los tiempos de la política y los ciclos de la comunicación.
