La semana pasada, la CONCAMIN, que preside Alejandro Malagón Barragán, se sumó al rechazo generalizado de organismos empresariales de Nuevo León frente al Paquete Fiscal 2026 del Gobierno estatal. Junto a CAINTRA, liderada por Jorge Santos; COPARMEX, presidida por Roberto Cantú; CANACO SERVYTUR Monterrey, encabezada por Fernando Canales; y el Consejo Cívico, dirigido por Mauricio de la Garza, se alzaron voces contra el incremento al Impuesto Sobre Nómina (ISN). Las cámaras advierten que esta medida podría frenar la creación de empleos, afectar a las Pymes, aumentar la informalidad y reducir la competitividad del estado.
Nuevo León, una de las economías más dinámicas del país, ya enfrenta presiones al interior que afectan su crecimiento. La industria local resiente los efectos de los aranceles impuestos por Estados Unidos, la incertidumbre sobre la revisión del T-MEC y los incrementos en costos operativos. En este contexto, el aumento de la carga fiscal no solo representaría una presión adicional sobre las empresas, sino que limitaría su capacidad para contratar, invertir e innovar, justo cuando la región necesita fortalecer su competitividad para mantener su liderazgo económico.
El sector empresarial también destaca que el incremento al ISN afectaría desproporcionadamente a las Pymes, fundamentales para el empleo formal en Nuevo León. Las organizaciones civiles, por su parte, piden al gobierno estatal que, antes de aumentar los impuestos, garantice transparencia y eficiencia en el uso de los recursos, además de mejorar los servicios públicos y la infraestructura del estado. La ciudadanía exige que los impuestos generen resultados tangibles, como mejores condiciones de vida y desarrollo económico, no solo cargas fiscales adicionales sin claridad sobre su destino.
El llamado es claro: la política fiscal debe ser un instrumento que impulse el desarrollo, no que lo frene. Aumentar impuestos en un contexto de incertidumbre económica global podría afectar negativamente la competitividad del estado, mermar las exportaciones y disuadir la inversión nacional y extranjera. En este sentido, tanto la CONCAMIN como las demás cámaras empresariales de Nuevo León han reiterado su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones viables, pero advierten que proteger el empleo, la formalidad y la competitividad es un compromiso con el futuro económico de la entidad.
Para el gobernador Samuel García, esta semana se presenta complicada. A las críticas por el Paquete Fiscal 2026 se suma un nuevo revés judicial relacionado con el “impuesto verde”, donde varios amparos interpuestos por empresas pedreras fueron validados por tribunales. Aunque la Suprema Corte podría intervenir, estos fallos judiciales no son fáciles de revertir, lo que podría complicar aún más la agenda política y económica de su gobierno.
Certificación Rotoplas
Rotoplas ha logrado obtener la Declaración Ambiental de Producto (DAP) para su sistema de tubería Tuboplus Hidráulico de PP-R, una certificación que verifica el impacto ambiental de este producto desde su fabricación hasta el final de su ciclo de vida. En un sector de la construcción cada vez más exigente en cuanto a criterios ambientales, la DAP se convierte en una ventaja competitiva para Rotoplas, pues proporciona datos verificables sobre huella de carbono, huella hídrica y uso de recursos. Este tipo de certificación permite a constructores y desarrolladores tomar decisiones informadas, en lugar de recurrir a las prácticas de “greenwashing” que han afectado a otros productos. Además, la tubería no solo cumple con los estándares internacionales ISO 14025 y EN 15804, sino que también es adecuada para proyectos que buscan certificaciones sustentables como LEED, lo que sin duda ampliará su acceso a mercados con regulaciones más estrictas sin aumentar el precio del producto.
Voz en Off
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha lanzado un mensaje particularmente duro al señalar que las importaciones de autos chinos no generan beneficio alguno para México, pues llegan totalmente armados, sin integración de partes ni procesos productivos locales, lo que implica cero valor agregado y ningún empleo para la industria automotriz nacional. Al justificar el incremento de aranceles aprobado por el Congreso de la Unión, Ebrard advirtió que la entrada masiva de vehículos terminados provenientes de China está desplazando la producción instalada en el país y poniendo en riesgo a un sector que sostiene alrededor de un millón 300 mil empleos directos. Su posición marca un giro más firme en la política industrial del gobierno, al subrayar que México no puede permitir la expansión de importaciones que no aportan contenido nacional ni desarrollo de proveedores, y que incluso podrían desmontar la estructura automotriz construida durante décadas.….
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