El reciente incidente que involucró al reguetonero Fernando Hernández, mejor conocido como El Malilla, durante un concierto en Texas, desnudó una de las hipocresías más arraigadas en nuestra conversación pública: la selectividad de nuestra indignación ante el acoso sexual. El artista fue tocado en la entrepierna sin su consentimiento mientras cantaba cerca de su audiencia. Su reacción inmediata, de evidente molestia e incomodidad, fue el preludio de una denuncia que posteriormente materializó en redes sociales.
Sin embargo, lejos de la solidaridad, parte de la respuesta colectiva en las plataformas digitales fue un preocupante y violento escarnio. Para algunas personas, la agresión hacia un hombre no solo es risible, sino un evento que carece de gravedad.
Esto expone una profunda asimetría en la aplicación del concepto del consentimiento. Si, de por sí, las denuncias de abuso ya están llenas de estigmas y desestimación hacia las mujeres, cuando la víctima de una vulneración corporal es un hombre, los mecanismos institucionales y sociales de validación colapsan y dan paso a la burla y al escepticismo en automático.
No es casualidad que, de acuerdo con estimaciones del INEGI sobre la cifra negra en el sistema de justicia, los delitos sexuales cometidos contra hombres enfrenten una omisión de denuncia superior al 98%, una barrera invisible alimentada precisamente por el temor a la desestimación social y a la burla institucional.
La trampa del estereotipo
Las reacciones en redes sociales demostraron que el dolor o la incomodidad masculina frente a una agresión sexual siguen atrapados bajo el estigma del mandato de masculinidad. Pese a que mediciones del propio INEGI en zonas urbanas indican que cerca del 10% de los varones reporta haber enfrentado tocamientos o insinuaciones no consentidas en espacios públicos y eventos masivos, bajo la lógica patriarcal se asume que un hombre siempre debe estar dispuesto al estímulo sexual y que denunciar un contacto no solicitado es un acto de debilidad.
Este clima de linchamiento satírico perpetúa un silencio sistémico; si la denuncia pública de una figura con millones de seguidores es recibida con mofas, ¿qué incentivo tiene un ciudadano común para alzar la voz ante una agresión similar?
El sesgo de la vestimenta
La revictimización contra El Malilla se agrava mediante un peligroso argumento de causalidad estética y cultural. Hay quienes pretenden justificar este caso de abuso señalando las letras explícitas de sus canciones, su género musical y el hecho de que suela despojarse de la playera en sus presentaciones. Este razonamiento es idéntico al que durante décadas ha justificado las agresiones hacia las mujeres.
Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) revelan que más del 30% de la población aún justifica o minimiza una agresión al atribuir la responsabilidad al comportamiento o la vestimenta de la víctima. Es inaceptable que en pleno 2026 sigamos condicionando el derecho a la indemnidad corporal al tipo de arte que alguien produce o a la ropa que decide portar. Ni la hipersexualización lírica del reguetón ni el estatus de figura pública anulan los derechos humanos fundamentales.
El debate de fondo es ético, no de géneros ni de tarimas. Si una persona no está otorgando explícitamente su consentimiento para ser tocada, cualquier interacción física forzada constituye un acto de abuso. El respeto a la soberanía del cuerpo ajeno debe ser una regla absoluta, pareja y universal. Tolerar la excepción en los hombres es resquebrajar el estándar de justicia social que tanto ha costado construir. Es momento de entender que el abuso es abuso, sin importar la anatomía de quien lo sufre ni el ritmo que decida cantar.
