Hace un año, México emprendió uno de los experimentos institucionales más profundos; reinventar al Poder Judicial mediante las urnas.
La promesa era seductora. Una justicia más cercana al ciudadano, menos elitista, más rápida, austera y sensible a quienes han visto los tribunales como espacios inaccesibles. Se dijo que la elección popular devolvería legitimidad a los jueces y que la renovación acabaría con privilegios y excesos.
Un año después, la pregunta es: ¿estamos más cerca de esa justicia? La respuesta, hasta ahora, dista del entusiasmo con el que fue presentada la reforma.
La nueva Suprema Corte nació bajo la sombra de los llamados acordeones. Los nueve ministros electos aparecieron en las guías de votación que circularon durante el proceso electoral, lo que alimentó las dudas sobre la independencia del nuevo tribunal.
Pero el problema de la Corte no es solamente su origen. Es su desempeño.
Durante su primer año, la nueva integración votó 2 mil 59 proyectos de sentencia, frente a los 3 mil 174 de la anterior: una reducción superior al 35 por ciento. Es cierto que ahora son nueve ministros, frente a once, y que desaparecieron las Salas. Aun así, el promedio de proyectos votados por ministro también disminuyó.
Y algunos episodios han contribuido a alimentar esa inquietud. La nueva integración reúne perfiles distintos y visiones jurídicas diversas. Eso, en sí mismo, no debería ser un problema. Una Corte constitucional necesita pluralidad. El reto es que esa diversidad conviva con preparación, rigor técnico, prudencia e imparcialidad.
En ese contexto, distintos momentos han puesto bajo escrutinio el desempeño de algunos de sus integrantes. En marzo de este año, Lenia Batres se confundió durante una votación y se pronunció sobre un asunto distinto al que estaba en discusión. María Estela Ríos también generó polémica por una intervención durante un debate relacionado con el concepto de familia y las personas nacidas mediante reproducción asistida.
No se trata de convertir tropiezos en sentencias sobre personas. Un error puede cometerlo cualquiera, incluso en las instituciones más sólidas. El problema surge cuando esos episodios se acumulan mientras la nueva Corte todavía intenta demostrar que la renovación de sus integrantes también significará una mejora en la calidad de la justicia.
La desaparición de las Salas concentró todos los asuntos en el Pleno y modificó la dinámica del tribunal. La nueva integración enfrenta además pendientes relevantes y el reto de demostrar que los cambios estructurales no se traducirán en menor eficiencia. Ese debería ser el verdadero punto de discusión.
México no necesita una Corte donde todos piensen igual. Necesita ministros capaces de disentir con argumentos, reconocer errores y corregirlos; de separar sus convicciones personales de sus responsabilidades institucionales y de entender que cada voto puede tener consecuencias para millones de personas.
La reforma cambió la manera de llegar al Poder Judicial. Ahora corresponde demostrar que también puede mejorar la manera de hacer justicia.
Transformar una institución no consiste solamente en cambiar sus nombres. Consiste en elevar sus estándares. Y los mexicanos merecemos una Corte rigurosa, independiente y prudente, capaz de ofrecer algo que ninguna elección garantiza por sí sola: confianza.
La justicia que se prometió todavía está por construirse. Y quienes hoy ocupan esos nueve asientos tienen la responsabilidad de demostrarlo.
