Resulta imposible describir en pocas líneas lo que le pasa a una nación cuando sus representantes son asesinados a la vista de todo el mundo. El sábado pasado, el senador colombiano y precandidato presidencial de la oposición Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado en el que recibió un impacto de bala en la cabeza y hoy lucha por su vida.
Ejemplos de magnicidios tenemos muchos a lo largo de la historia, pero en muy pocos casos, como en los de los Kennedy y los Gandhi el mal es padecido más de un miembro de la familia. Más aún, en poquísimos casos lo sufre más de una generación. Esto no lo digo por las personas que sufren los atentados, sino por el pueblo.
Hace ya cerca de 40 años en Colombia el mismo hombre que terminó con la vida de la madre del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay (quien fuera a su vez hija de un expresidente), orquestó el deceso de Luis Carlos Galán, que entonces era candidato presidencial.
Las coincidencias revelan mucho de la situación de esa república y no es de extrañar que sus ciudadanos sientan que la historia se repite. Esta es la primera vez que se puede observar que un magnicidio produce ese efecto; cuando aquí en México se segó la vida de Luis Donaldo Colosio resultaba un hecho sin precedentes para la generación que lo vivió, pues desde los tiempos de Álvaro Obregón no se había presentado un escenario similar. Por esta razón, podría pensarse que la vida política colombiana de hoy está pasando por rompimientos importantes.
En un país que acaba de salir de la guerrilla pueden existir fuertes tendencias a que al menos algunos grupos antagonicen al poder de forma no institucional, lo que esta semana se tradujo en que fuerzas de oposición (dicho así pareciera que el oficialismo no comparte el sentimiento) convocaron a una marcha del silencio.
Por su parte, el presidente ha solicitado la ayuda de Estados Unidos para esclarecer el asunto. Desafortunadamente, en las repúblicas la fortaleza de los gobiernos se basa en la legitimidad democrática y esta al mismo tiempo depende de la existencia de voces distintas que pueden expresarse y competir en el poder bajo las reglas de un acuerdo institucional.
En ese sentido, la inclusión de la disidencia es fundamental para la credibilidad de un gobierno que se jacte de ser republicano. Aquellos países en los que esto no es posible, sea por la causa que fuere, tienden a desconfiar de sus autoridades, lo que a su vez puede romper el pacto institucional que le permite al gobierno ser un partícipe en la discusión pública en un contexto de libertad.
En ese sentido, el gobierno colombiano tiene que demostrarle a la ciudadanía de su país que realmente es un garante efectivo de la libertad en virtud de la cual llegó al poder. De lo contrario, Colombia dejaría de vivir en un Estado de Derecho y podría sufrir una de dos cosas: un caos o un gobierno autoritario.
