La decisión del Servicio de Administración Tributaria de retirar la autorización a más de 100 organizaciones civiles para recibir donativos deducibles de impuestos, abre un frente que va más allá de lo fiscal. No es un simple ajuste administrativo, es un golpe a un ecosistema que, con recursos limitados, ha sostenido causas que el Estado no ha logrado cubrir.
En un país donde la cultura de la donación es débil, eliminar este incentivo equivale, en los hechos, a asfixiar a muchas asociaciones que operan donde el gobierno llega tarde o simplemente no llega.
El argumento oficial apunta a incumplimientos y a la necesidad de depurar el padrón. Nadie discute la importancia de la legalidad. Pero el problema no es fiscalizar, sino cómo y sobre quién recae. Una cancelación de esta magnitud termina por castigar también a quienes sí cumplen.
El impacto es inmediato: menos recursos, menos programas, menos apoyo para quienes dependen de ellos. En el sector salud hay casos concretos: organizaciones como Mujeres Unidas Contra el Cáncer de Mama (MUCCAM), la Asociación para la Protección de Menores Enfermos, y el Patronato Pro Salud y Asistencia Social de Veracruz, perdieron esta autorización, pese a que su labor está enfocada en atención médica, acompañamiento y apoyo a pacientes vulnerables.
La contradicción se vuelve evidente con lo ocurrido hace apenas unos días. El expresidente Andrés Manuel López Obrador salió de su retiro para solicitar aportaciones económicas en favor de Cuba y difundió una cuenta bancaria vinculada a la asociación civil “Humanidad con América Latina”, creada recientemente para canalizar estos recursos.
El llamado incluyó financiamiento para alimentos, medicinas y combustible. Sin embargo, el hecho de que esta organización surgiera prácticamente al mismo tiempo que la convocatoria encendió cuestionamientos sobre su origen, su estructura y sus mecanismos de transparencia. A esto se suma un elemento de fondo, el respaldo abierto a un régimen como el cubano, señalado por la falta de libertades políticas y derechos civiles.
El contraste es claro, mientras en México se restringen herramientas clave para la subsistencia de asociaciones, desde el poder político se impulsa una colecta internacional con un claro contenido político.
Mientras unas organizaciones enfrentan un endurecimiento que compromete su operación, otras iniciativas reciben respaldo político sin el mismo nivel de exigencia pública. La diferencia no parece estar en la legalidad, sino en la afinidad. Esa lógica selectiva erosiona la confianza institucional. Convierte a la fiscalización en una herramienta discrecional y al discurso anticorrupción en un filtro conveniente.
El problema no es la fiscalización, es su uso. Cuando se aplica de forma selectiva, deja de ser un instrumento de orden y se convierte en una herramienta de control político.
