La historia es testigo de que, la infancia fue tratada en materia familiar como una sala de espera. Una etapa en la cual, aún no comenzaba la vida verdadera, en la que las decisiones importantes correspondían, sin excepción, a los adultos. Esa mirada no solamente limita; también es jurídicamente insostenible desde que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoció a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos. Este reconocimiento, aún genera murmullos y gritos: el derecho a ser escuchados.
El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, no deja espacio a interpretaciones. Todo niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio tiene derecho a expresar su opinión en los asuntos que le afecten, y a que esta sea tomada en cuenta conforme a su edad y madurez, en ocasiones pareciera que fuera una cortesía, o una concesión moral. Es una obligación jurídica.
Sin embargo, en la práctica, escuchar a la niñez suele reducirse a un formalismo establecido en la ley. Se les pregunta, pero no se les toma en serio, se les da la palabra, pero no se les explica el resultado. Se invoca su “interés superior”, pero sin consultarles qué consideran ellos que es mejor para su propia vida, así, el derecho se convierte en un acto simbólico. Estamos en el momento preciso de escucharlos y tomarlos en cuenta.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido clara: ya que ha sostenido que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a expresar su opinión libremente en los asuntos que les afecten, y que esta debe valorarse conforme a su edad, madurez y grado de discernimiento. No se trata de trasladarles la responsabilidad de decidir, sino de reconocer que su perspectiva es relevante y jurídicamente exigible.
Aun así, existen obstáculos culturales profundamente enraizados. Bajo el argumento de “protegerlos”, se les busca excluir de procesos judiciales y administrativos que transforman radicalmente su vida, como son los divorcios, las custodias, las adopciones y las medidas de protección. Se decide por ellos, pero no con ellos. Y esa exclusión, aunque podría ser bien intencionada, puede convertirse en una forma de silenciamiento social.
El principio de autonomía progresiva rompe con la idea de que la capacidad depende únicamente de la edad, cada niña y cada niño desarrollan habilidades cognitivas y emocionales a ritmos distintos. La madurez no es una cifra en el acta de nacimiento, esta debe evaluarse caso por caso, no es una opción, es una exigencia del propio modelo de derechos humanos.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes refuerza esta obligación. Reconoce expresamente el derecho de participación y ordena a las autoridades garantizar mecanismos adecuados para hacerlo efectivo. La norma existe, y nos hemos encontrado con el desafío de cumplirla más allá del papel.
Ignorar a la infancia no puede considerarse neutral. Reproduce una lógica centrada en la autoridad adulta, en la que la única voz válida es la del mayor de edad. Pero si aspiramos a una democracia sólida, debemos asumir que la participación no comienza a los dieciocho años. Se aprende ejerciéndola. Cuando un niño es escuchado, no solamente se respeta su dignidad; se construye ciudadanía.
Escuchar no significa renunciar a la responsabilidad adulta, significa decidir con mayor conciencia. Se traduce en comprender que el interés superior del niño no puede definirse desde una distancia institucional, sino a partir de su experiencia concreta. La participación no debilita la autoridad; la legitima.
La pregunta, entonces, no es sí las niñas y los niños están preparados para participar en los procesos judiciales y administrativos, la pregunta es sí los adultos estamos preparados para escuchar de verdad como nos ve la niñez. Porque reconocer que su voz importa implica aceptar que, a veces, tendremos que replantear nuestras certezas. Es importante que los padres de familia entiendan que escuchar a un niño o niña, no es molestarlo, ni es incomodarlo; es respetarlo, es considerarlo. La voz de un pequeño en su escuela, en un juzgado o en una asamblea puede marcar la diferencia.
En una sociedad que proclama igualdad y derechos, la dignidad no puede depender de la edad. La voz de la infancia no debe ser un eco tolerado: debe ser parte central del debate público. Porque donde la infancia no es escuchada, los derechos existen en el discurso, pero no en la vida.
