El ánimo está por las nubes ante la posibilidad de revertir las leyes de pensiones establecidas durante las administraciones de los presidentes Ernesto Zedillo en 1997 para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Felipe Calderón en 2007 para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Se ha mencionado que esta reforma busca restituir la justicia social y reparar el daño causado a los trabajadores que comenzaron a cotizar en estos nuevos esquemas, los cuales no garantizan una pensión digna y constante.
Sin embargo, hay detalles muy importantes que, de no planificarse presupuestalmente desde ahora, sería imposible pagar para el Presidente que encabece la administración en 2039.
El pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al Congreso 20 iniciativas de reforma en las que se incluyó la modificación a las leyes en materia de pensiones, para que las personas trabajadoras tengan derecho a recibir una jubilación justa.
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ejecentral realizó un cálculo basado en cifras oficiales y proyecciones, teniendo en cuenta que los primeros trabajadores dentro de la Ley 97 comenzarán a jubilarse en aproximadamente 15 años, con cerca de 813 mil trabajadores jubilados en el primer año.
Esto implica que, de aprobarse la reforma, se deberá garantizar el pago de 168 mil millones de pesos para esos jubilados por cesantía. Esta cantidad equivale al presupuesto actual de todos los órganos autónomos federales.
Para el próximo año, se deberán agregar otros 798.2 mil trabajadores a los que ya están jubilados, lo que implica que se necesitará contar con una suma de 339 mil millones de pesos en las arcas públicas para garantizar los pagos anuales.
Desde que inició la Ley 97, existe una plantilla de casi 10 millones de afiliados, lo que implica que las cargas serán progresivas y acumulativas para el Estado. A este número, en unos años, se sumarán los trabajadores de la Ley 2007 en el ISSSTE.
¿Y el dinero?
En la iniciativa se propone la creación de un fondo semilla para establecer el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual requeriría 64 mil millones de pesos para financiar la reforma, en su primera etapa, provenientes de diversos fondos.
En primer
primer lugar, los recursos provendrán de las operaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Según los datos de la Cuenta Pública, este organismo cuenta con mil 340.6 millones de pesos que podrían ser destinados al fondo semilla.
Sin embargo, la mayor parte de ese capital está en activos, principalmente en bienes inmuebles, muebles y otros, los cuales deben convertirse en efectivo, un proceso que puede llevar un tiempo considerable.
El año pasado, en subastas, el Indep sólo pudo acumular menos de 90 millones de pesos, una cifra muy por debajo de lo necesario para el fondo semilla.
Otra fuente de recursos sería la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Aunque se estima en 18 mil 704.8 millones de pesos, su cartera de morosidad impediría obtener todo el recurso con el que el gobierno federal piensa contar.
Otro monto más lo aportaría el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), el cual, hay que considerar, en 2023 logró obtener 554 millones de pesos. Se espera que en los años subsiguientes, esta cantidad sea similar, por lo que aún no se reuniría todo el dinero necesario.
Lo más difícil
Cobrar los adeudos de entes gubernamentales ante el IMSS, el ISSSTE y el SAT, a pesar de ser una suma considerable que supera 21.5 mil millones, será un desafío.
Aunque el gobierno federal contabiliza los ahorros por la extinción de los órganos autónomos, 25% de las utilidades de las operaciones de las empresas a cargo de la Sedena y la Marina, así como la capitalización de intereses del Fondo de Pensiones para el Bienestar, prácticamente no se obtendrían, ya que ninguno ofrece rendimientos ni ahorros al momento.
Otro dato importante de la reforma es que abarca a “toda persona trabajadora”, no sólo a los afiliados a alguna institución. No obstante, no se especifica cómo se acreditará la antigüedad, lo que podría aumentar el número de beneficiados al haber diferentes edades de inicio laboral.
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