El presidente peruano, Martín Vizcarra, enfrenta una grave crisis política, que podría provocar su destitución, tras la difusión este jueves en el Congreso de algunos audios en los que pide a asesoras que mientan en una pesquisa parlamentaria sobre su relación con un excolaborador investigado por contratos irregulares.
La difusión de los audios durante una sesión del Parlamento llevó al presidente del Congreso a convocar una sesión de portavoces de los partidos para evaluar si solicitan una comisión investigadora o si impulsan su destitución por incapacidad moral.
“Primero hay que ver lo que es, y luego lo que se va a decir”, dice Vizcarra en la grabación a dos de sus colaboradoras, a quienes pide mentir ante el Congreso sobre el número de veces que acudió a Palacio de Gobierno el excolaborador investigado.
Las asesoras que intervienen en el diálogo son Miriam Morales y Karem Roca, quienes le mencionan a
Vizcarra
hasta cinco ingresos del polémico exasesor, Richard Cisneros.
“Hay que decir que entró dos veces” en lugar de los cinco, les pide
Vizcarra. “Lo que queda claro es que en esta investigación, estamos todos involucrados”, agrega el presidente.
La difusión de los audios se produce en el marco de constantes choques entre el Congreso y el Ejecutivo por aprobar una reforma política que impulsa el gobierno. Dicha reforma dejaría fuera de carrera a candidatos condenados por la justicia.
Las grabaciones de
Vizcarra
fueron entregadas por el congresista Edgar Alarcón, presidente de la comisión que investiga el caso del exasesor.
“Se nota que hay una falta moral, el presidente no puede mentir”, dijo a la prensa Alarcón, de la centroizquierdista Unión Por el Perú.
“Hay rumores de vacancia”, indicó por su parte el congresista Moisés Gonzáles, de la populista Alianza Para el Progreso (APP).
“Está claro que el presidente
Vizcarra
le ha mentido al país”, dijo el congresista Omar Chehade, también de APP.
La manzana de la discordia que ha puesto a
Vizcarra
al borde de la destitución es Richard Cisneros, un cantante al que el gobierno contrató como conferencista y animador.
El caso estalló en mayo cuando la prensa descubrió que el ministerio de Cultura le había ofrecido contratos presuntamente irregulares por 10 mil dólares a Cisneros, un artista poco conocido del medio local en plena pandemia.
“Los audios afectan la credibilidad y legitimidad de
Martín
Vizcarra”, aseguró el analista Iván García al canal N de televisión.
La crisis estalla cuando Perú es uno de los países más afectados por la pandemia de covid-19 en el mundo, con más de 700 mil contagios y 30 mil muertos.
Nombran a nuevo ministro del Interior
El presidente peruano Martín Vizcarra designó como ministro del Interior al general retirado César Gentille tras la renuncia de Jorge Montoya, arrastrado por los 13 muertos que dejó el desalojo policial de una fiesta prohibida por la pandemia.
Gentille asumió el cargo luego que
Vizcarra
lo juramentó durante una breve ceremonia en Palacio de Gobierno, en presencia del presidente del Consejo de Ministros Walter Martos.
El renunciante Montoya admitió que la policía cometió errores y mintió sobre el trágico desalojo de 120 personas el 22 de agosto en una discoteca de Lima, en un intento por responsabilizar a los civiles por las muertes.
Gentille es el quinto ministro del Interior en los 30 meses de gestión que lleva Vizacarra. Montoya estuvo 57 días en el cargo.
En Perú las fiestas, reuniones sociales o familiares están prohibidas por el nuevo coronavirus.
El gobierno asegura que éstas son el nuevo foco de contagio debido a que no se respeta la distancia física y el uso de mascarillas.
Vizcarra había asegurado el 1 de septiembre que la policía tomó “decisiones inadecuadas que no podemos ni vamos a justificar”, en alusión a la mortal estampida.
Las afirmaciones presidenciales surgieron luego que la prensa difundiera imágenes inéditas de la acción policial, que contradecían la versión oficial.
Dichas imágenes, grabadas por una cámara de seguridad de la discoteca Thomas RestoBar y difundidas en medios locales, muestran como un policía cierra la puerta del local momentos antes de la estampida fatal, todo lo contrario a lo expuesto en la versión oficial.
El escuadrón policial que intervino la noche del 22 de agosto para detener la fiesta había indicado que la puerta se cerró por la estampida de un centenar de asistentes que querían huir. El gobierno utilizó esa versión como oficial.
La muerte de las 13 personas es objeto de dos investigaciones: en el fuero militar policial y en fiscalía.
Hasta el momento, la justicia impuso 18 meses de prisión preventiva a Job Luque, supuesto organizador del evento en la discoteca, situada en el populoso distrito de Los Olivos (norte de Lima).
De las 13 víctimas, 12 son mujeres. Todas murieron asfixiadas al ser aplastadas por asistentes que huían para no ser detenidos, según la policía.
La pandemia deja en Perú a más 700 mil contagios y 30 mil muertos, según cifras oficiales.