El ingreso o renta básica universal es una idea cuyo tiempo parece haber llegado, especialmente en el contexto de la pandemia de Covid-19. Este modelo de concebir la justicia social e igualdad de oportunidades, desarrollado a profundidad en los trabajos del filósofo Philip Van Parijs, propone algo muy sencillo: garantizar que todas las personas reciban del Estado una cantidad de dinero de manera mensual.
No se trata de subsidios para complementar los ingresos de grupos en situación de vulnerabilidad económica, transferencias para mitigar condiciones de pobreza o un seguro orientado a proteger a las personas ante el desempleo. Tampoco de recursos orientados a sustituir bienes públicos primarios, como ocurre con la idea del voucher educativo. Estamos hablando de un ingreso, del equivalente a un “sueldo” público mensual que, de acuerdo con el modelo, tendrían que recibir todas las personas en calidad de miembros de la comunidad.
Teóricamente el ingreso básico tiene seis características centrales: 1) equivale a una renta personal y no de una transferencia complementaria al ingreso personal; 2) es básico porque
debe establecerse a partir de identificar cuál es el monto requerido para que las personas pueden gozar de una vida digna y libre; 3) se entiende universal en el sentido que lo deben recibir todos los miembros de la comunidad, independientemente de su situación socioeconómica; 4) es incondicional pues no establece requisito o condición alguna para poder recibirlo, como ocurre con transferencias focalizados o el seguro de desempleo; 5) es periódico y se debe recibir mensual o quincenalmente a lo largo de una vida; 6) requiere financiarse con un impuesto progresivo sobre la renta.
Algunos de estos aspectos se han traducido en polémicas importantes, por ejemplo, que se garantice un ingreso básico también a quienes tienen ingresos altos, no establecer algún tipo de obligación de reciprocidad para quienes reciban el ingreso, que quienes pagan impuestos financien el ingreso básico o su carácter mismo de renta individual periódica.
Más allá de sus elementos teóricos, algunos países han explorado la posibilidad de crear el ingreso básico con algunas variantes. En los Países Bajos se desarrolla un programa piloto divido en cuatro grupos que reciben recursos con diferentes tipos de condicionamiento.
En España, el gobierno encabezado por PSOE y Podemos, desarrolla un modelo de renta mínima vital que se proyecta iniciará en junio próximo, beneficiando en su primera etapa a 100 mil hogares con montos que pueden alcanzar entre 500 y mil euros mensuales. Mientras en México, casi un centenar de legisladores de diferentes partidos impulsan un ingreso vital mínimo de tres mil 746
pesos mensuales para quienes han sido afectados económicamente como resultado de la pandemia.
El caso más emblemático, lo representa el experimento desarrollado en Finlandia desde 2017 y cuyo reporte final fue hecho público este mes. A lo largo de dos años, el gobierno finlandés transfirió mensualmente 560 euros a dos mil personas desempleadas seleccionadas al azar. Las conclusiones destacan que las personas que participaron en el experimento mostraron satisfacción con su calidad de vida, mayores condiciones de bienestar y experimentaron menos problemas de salud mental, como depresión o estrés. Aunque los resultados encuentran poca relación del ingreso básico con capacidad para integrarse al mercado de trabajo, lo cual debe tomarse con prudencia considerando el periodo que abarca el experimento.
La pregunta relevante es si debemos seguir explorando modalidades de ingreso básico que ayuden a reducir las brechas de desigualdad y eviten que las personas enfrenten deterioro en sus condiciones de vida, en especial ante la precarización de las condiciones del mercado de trabajo, las consecuencias económicas de la pandemia y los efectos probable de la automatización en los próximos años. La idea de transferir dinero a las personas como equivalente a un sueldo seguirá siendo sin duda polémica, pero parece ser una alternativa viable para evitar que millones de personas sean dejadas atrás, en condiciones de marginación y pobreza, o que deben vivir una vida poco plena como resultado de condiciones de trabajo e ingresos cada vez más precarios.