Regular al silenciador, una discusión pendiente

Las elecciones presidenciales de 2008 en los Estados Unidos marcaron un antes y un después en la historia de internet. Estos comicios no serían sólo un precedente en materia electoral, sino también provocarían el interés de la clase política de distintos países en el mundo por generar las condiciones que acerquen y doten de internet a todos sus habitantes, con el objetivo de usar esta vía para su promoción personal entre sus ciudadanos. Es por ello que los distintos gobiernos optarían por generar políticas públicas en materia de telecomunicaciones.

Sin embargo, los gobiernos de distintas partes del mundo no se percataron que al generar políticas a favor de acceso a internet estas deberían ir acompañadas de políticas en materia de alfabetización digital; porque internet escapaba al esquema del modelo de comunicación política tradicional, el cual se caracterizaba porque la prensa, radio y televisión tienen la posibilidad de generar agendas mediáticas y a su vez determinar sobre qué se habla y cómo se habla.

De alguna u otra forma en este modelo de comunicación tradicional, tanto los políticos y la sociedad, requería de los medios de comunicación para difundir sus discursos. Existía en ese modelo una suerte de dependencia hacia los medios masivos, a este fenómeno se le conoce en la literatura académica como mediatización.

Sin embargo, con la llega de internet esa dependencia–mediatización ha entrado en crisis. Ahora los políticos pueden dirigirse directamente a los ciudadanos y viceversa la ciudadanía puede establecer una conversación directa con los políticos, con ello los usuarios de internet y las redes sociodigitales encontraron un espacio donde tenía mayor libertad de expresión, la cual lograba incidir directamente en las tomas de decisiones de distintos gobiernos; e inclusive el uso de redes sociales podía, en determinado momento, configurar una suerte de activismo político. El ciberactivismo se convirtió en una forma de hacer política en nuestra actualidad.

Pero el tema de las narrativas falsas no sería único de

las cuentas automatizadas, sino que en los últimos años se comenzó a gestar un fenómeno discursivo por parte de ciertos líderes políticos y sociales, el cual se basaba en grandes dosis de información imprecisa o falsa, que además iba acompañada de una gran carga de emotividad.

Con ello esta situación propició que internet y las redes sociales comenzaran a llenarse de discursos polarizantes, que llegaron al terreno de la agresión o la discriminación; al grado que los discursos de odio fueran ya parte de nuestra cotidianidad en el era digital.

Sin embargo ante el desarrollo y propagación de la pandemia Covid-19, los usuarios de internet comenzaron a ejercer presión en materia de políticas de libertad de expresión, para poner un alto a la desinformación y discursos de odio. Bajo ese contexto, empresas como Facebook, Twitter, YouTube, entre otros, han ido modificado sus políticas de uso, y aplicando ciertos vetos a usuarios que en determinado momento han incitado a la violencia digital o a la desinformación.

Este contexto nos lleva a comprender los sucesos que ocurrieron en días recientes en el Capitolio, y que derivó en que todas las empresas digitales decidieran suspender la cuenta del hoy todavía presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, argumentando que sus mensajes provocaban posibles actos de insurrección social al estar basados en información falsa y que incitaba al odio.

Muchos celebraron esa decisión; sin embargo, muy pocos han argumentado sobre el gran poder que actualmente se le esta depositando a estas empresas para acallar a alguien, y que las empresas que ofrecen los servicios de mensajería instantánea no

transparente las políticas en materia de veto o suspensión de cuentas, las cuales van de la mano de decisiones en materia de privacidad y protección de nuestros datos personales, porque la lógica de acción de estas empresas se basa en estar permanentemente supervisando nuestros datos que vertimos en las redes sociales y con ello violentando nuestro derecho a la intimidad o privacidad que ha sido poco discutido y tratado.

Ahora lo que se requiere es llevar a discusión quien regulará al silenciador.