El dictamen que la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados hizo al proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, aprobado por mayoría y sin que hasta la fecha haya sido publicado en el Diario Oficial de la Federación es, podríamos decir, un monumento al desconocimiento de lo que son las adquisiciones en el sector público.
Es necesario reproducir el párrafo aprobado para ver su incongruencia:
“En el caso de la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud, cuando de la investigación de mercado se concluya que la licitación no es la vía idónea para asegurar al Estado las mejores condiciones conforme a lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las dependencias y entidades, previa autorización de la Secretaría por conducto de la Oficialía Mayor, podrán contratar con organismos intergubernamentales internacionales a través de los mecanismos de colaboración previamente establecidos con éstos.”
Diputados y Senadores, a quienes respeto, han justificado la medida sin tomar en consideración la incongruencia de ella, en un régimen que se dice abanderado en la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Hay varios aspectos que hay que considerar en lo que se puede convertir en un gran fracaso en el importante tema del abasto de medicamentos para el pueblo de México. Ya tuvimos el primero con la incongruente propuesta de que la SHCP se encargara de centralizar las compras y cuyos resultados están a la vista.
Un primer aspecto es que no había necesidad de modificar la ley; hay suficiente espacio en ella para realizar sin mayor problema las adquisiciones que se están planteando con el organismo de la ONU.
Un segundo y muy importante es que el dictamen de adición a ley habla de la necesaria investigación de mercado y hasta la fecha no se sabe si se realizó antes de la firma del convenio con Naciones Unidas.
Un tercero es que este gobierno ha reconocido de facto que no puede acabar o siquiera reducir la corrupción de los laboratorios farmacéuticos y sus distribuidores, por lo que recurre a la ONU.
Esta decisión es muy grave porque, por un lado, reconoce que hay corrupción en la venta de medicamentos al sector público y por otro, acepta que no puede combatirlo.
Desde la Presidencia para abajo se habla de esta corrupción, sin embargo, que sepamos no hay denuncia alguna, ni administrativa ni penal, contra los particulares y servidores públicos que supuestamente están involucrados, mas allá de la sanción administrativa al superdelegado del Gobierno en Jalisco.
Ahora bien, la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos con la cual se firmó el convenio o contrato, que esperamos pueda ser público, supuestamente va a encargarse de comprar mas de 120 mil millones de pesos; según los medios de comunicación, el año pasado se hizo cargo de comprar solo 20 mil millones de pesos en todo el año, lo cual será un primer problema, porque no estamos hablando de un solo producto sino de tres mil 643 claves de medicamentos. Además, hay que agregar que esta oficina de la ONU se lleva un porcentaje por su intervención y que las compras que realiza son de contado y entregadas en puerto o aeropuerto.
Se anunció la creación de una empresa estatal para la distribución de los medicamentos, empresa que, en los meses que faltan, deberá tener la logística, entre ellos refrigeradores y almacenes, el personal y los camiones para la distribución de los medicamentos. Estamos hablando de un proyecto nuevo que arranca sin presupuesto a mitad del año.
Y para mí lo peor de todo es el reconocimiento del gobierno de que no cuenta con la capacidad y los servidores públicos honorables, por lo que tiene que recurrir a la ONU.