El Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, creado exprofeso por la legislatura anterior de la Cámara de Diputados y que coordinó Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó la semana pasada el informe producto de amplias reflexiones, y que ya ha sido entregado a la Junta de Coordinación Política de la Legislatura actual.
El informe, denominado “Nuevas Políticas Públicas Contra la Desigualdad”, se comentó en una reunión celebrada en el Colmex, con la participación de su presidenta, del rector de la UNAM y de otras instituciones académicas, del secretario general de la ANUIES, del secretario ejecutivo del Coneval, la Auditoría Superior de la Federación, así como de diputadas y diputados de la actual legislatura.
En su elaboración participaron decenas de académicos y personas de la sociedad civil preocupadas por la situación económico-social de nuestro país, conscientes de la necesidad urgente de actuar para combatir de una manera decidida la desigualdad.
Como bien se lee en el informe, la pandemia no ha concluido y se necesita un nuevo impulso para construir un gran acuerdo nacional que permita la reconstrucción de nuestro sistema sanitario y de salud; que se despliegue una nueva cruzada en materia educativa que atienda la rehabilitación académica y de la enseñanza de millones de jóvenes de nuestro país.
En su intervención, Ramírez Cuéllar indicó que dan inicio a las Jornadas Universitarias por el Estado de Bienestar, cuya base son las propuestas y recomendaciones del informe que, sin duda, serán enriquecidas en las reuniones a llevarse a cabo en todo el país.
Los temas son básicos para mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos y creo que las propuestas para modernizar nuestro sistema fiscal son atendibles, incluyendo la creación de un Instituto de Estudios de la Hacienda Pública y la necesaria y urgente celebración de una Convención Nacional Hacendaria que actualice el sistema existente, pues es obsoleto en muchos aspectos para la realidad que estamos viviendo.
Pero el gran tema, a mi juicio, es el que se refiere a la ya impostergable reestructuración tributaria. Los datos demuestran lo precario e insuficiente que es nuestro esquema fiscal vigente, claramente regresivo e inequitativo, a pesar de los programas compensatorios de la actual administración, afectando a las personas de ingreso medio y a los pobres.
Se requieren urgentemente más recursos para las necesidades de salud, educación, seguridad e infraestructura hídrica, entre otros, y la única forma de atender esos rezagos es ampliando el espacio fiscal, mediante el aumento de la recaudación por la vía de impuestos y contribuciones; haciendo una reconversión del Presupuesto de Egresos, porque estamos viendo que se dejan sin cubrir necesidades crecientes, varias de ellas incluidas en la Constitución Política por la actual administración.
El informe menciona que para este año se calcula un déficit que tendrán las finanzas públicas de más de 700 mil millones de pesos.
Solo una mayor y mejor presión fiscal pueden hacer que se reduzca la brecha entre los más ricos y los más pobres, que cada día lo son más. No se entiende por qué este gobierno se ha negado a revisar la falta de progresividad en la tributación de las empresas y las personas físicas. El informe aporta datos que muestran que con los impuestos que se recaudan y las transferencias que hace el gobierno, al final el nivel de desigualdad sigue siendo casi el mismo.
Supuestamente, la tasa máxima vigente del Impuesto Sobre la Renta es de 35 por ciento, sin embargo, según la CEPAL, los más ricos pagan efectivamente cuando mucho 18 por ciento.
Esperemos que el resultado de las Jornadas Universitarias para el Bienestar, que se espera que terminen en julio del año 2022, puedan ser tomadas en cuenta por el gobierno y el Congreso de la Unión, ahora sí, por el bien de los más pobres.
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