La propuesta del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, respecto a que está decidido a combatir la corrupción en el mundo ha causado revuelo en varios países. Hay quienes lo califican como una injerencia en asuntos internos y otros esperan que con su ayuda se logren ciertos éxitos en este flagelo, que en mayor o menor medida afecta a todos los países del planeta.
No sé si las intenciones del señor Biden sean de buena fe o efectivamente sea un paso más en la penetración norteamericana en otros países, utilizando el tema del combate a la corrupción.
Lo que sí sé es que ha sido un buen negocio para ese gobierno la aplicación de sus leyes de prácticas corruptas en el extranjero, FCPA por sus siglas en inglés, que les permite sancionar económica y penalmente a las empresas de cualquier parte del mundo que cotizan en sus bolsas de valores, por actos de corrupción en países fuera de la nación estadounidense y sin que hayan participado funcionarios de ese país en lo absoluto.
Nada más para darnos una idea de cantidades, los diez casos más grandes en la última década alcanzan la cifra de multas por la friolera de 15 mil millones de dólares, mismos que han entrado al erario norteamericano y, a veces, como comentaremos más adelante, se les da una participación a los gobiernos de los países donde se ha cometido el acto corrupto.
Tan sólo el año pasado se rompió el récord de sanciones resultado de los montos involucrados con la empresa europea de construcción de aviones Airbus, a la que se multó con 2.09 mil millones de dólares. Sin embargo, quien se lleva la palma es la muy conocida empresa financiera norteamericana, Goldman Sachs Group Inc, la cual ha aceptado pagar 3.3 mil millones de dólares por los hechos de corrupción celebrados en torno al fondo soberano de Malasia, denominado 1Malaysia Development Berhad (1MDB), que causó la caída hace unos años del primer ministro, ya que gracias a las pesquisas estadounidenses descubrieron que había desviado 700 millones de dólares a sus cuentas personales. Fue sentenciado el año pasado a 12 años de prisión y a pagar 50 millones de dólares de multa.
La investigación que hicieron las autoridades norteamericanas contó con el apoyo de varios países, como Inglaterra, Singapur, Suiza, Luxemburgo y la propia Malasia, la que, en virtud de ello, logró que Goldman Sachs le pagara 2.5 mil millones de dólares adicionales a la multa americana; duró varios años e involucró a diversas unidades anticorrupción de los países mencionados, lo cual se supone que evitará que vuelva a ser tan fácil la corrupción de servidores públicos.
El principal responsable por parte de la empresa estadounidense, Tim Leissner, quien podríamos decir era un rock star de las finanzas, además casado con la estrella de la televisión Kimora Lee Simmons, fue inculpado y las penas podrían ser de entre cinco y 20 años, pues también lo acusaron de lavado de dinero.
Las empresas financieras siguen siendo las más involucradas en actos de corrupción, pero, por lo visto, eso les preocupa muy poco, porque al final es tan bueno el negocio que pueden pagar sin problema las multas impuestas, y después de un tiempo y de mover sus relaciones públicas vuelven aparecer como impolutas.
Creo que las sanciones, además de ser más graves en términos pecuniarios, deberían contener penas de cárcel sin derecho a fianza, así como la suspensión de las operaciones en todo el mundo y por un plazo determinado de los responsables; es decir, sanciones severas que realmente les afecten y para que vigilen mejor a sus empleados, porque la explicación que dan los dueños o principales accionistas siempre es que no sabían lo que estaban haciendo.
En el caso de la corrupción, las sanciones deben ser implacables, porque afectan a todo el entorno social.
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