Desde 2013 se interpuso una denuncia penal contra los proveedores de un test de VIH inservible, que una empresa propiedad de funcionarios estatales vendió a Salud del estado
Jair Avalos
Veracruz. La empresa se dedica a obras de ingeniería civil u obra pesada, pero participó en una licitación y ganó nueve millones de pesos vendiéndole 70 mil “test de VIH” a la Secretaría de Salud de Veracruz. Sólo que las pruebas eran falsas y la compañía también.
Comercio y Servicios Administrativos Integrales del Golfo S.A. de C.V., que en 2011 vendió los test de VIH al gobierno Javier Duarte, tiene una dirección falsa y los documentos que amparan su constitución colocan como dueño a Arturo Sarmiento Rivadeneyra, exsubdelegado de Recursos Financieros de la Secretaria de Seguridad Pública, cuando su titular era Arturo Bermúdez Zurita, ahora procesado e investigado por enriquecimiento ilícito y desaparición forzada.
En la estructura de la empresa fachada también aparece otro servidor público, pero este apenas tomó posesión semanas atrás, en el gobierno de Miguel Ángel Yunes. Se trata de Enrique Samberino Lara, actual jefe de la Unidad Jurídica de la Comisión de Aguas de Veracruz y que públicamente se ostenta como “representante personal” del gobernador. En la compañía tiene el cargo de comisario empresarial, figura que una de sus resposabilidades es la de vigilar el funcinamiento correcto de la empresa y es designado por los accionistas.
La compra irregular de estas pruebas fue detectada dos años después, el 29 de mayo de 2013, y el nuevo titular entonces de la Secretaría de Salud veracruzana, Juan Antonio Nemi, presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR). Pero una indagatoria que nunca avanzó y fue hasta ahora, cuatro años después, que el titular de la Secretaría de Salud federal, José Narro, ordenó una investigación interna, por tratarse de material falso, introducido al país desde China de manera ilegal y haber permitido su uso en 23 mil pacientes, sin que tuviera el registro oficial.
ejecentral tuvo acceso a los expedientes internos de la Secretaria de Salud de Veracruz y tras verificar la información, logró reconstruir cómo una empresa fue creada justo al tomar posesión Javier Duarte como gobernador y se benefició de diferentes contratos.
Pruebas falsas
El pasado 31 de enero la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunció que “no había indicios” del uso de “agua destilada” aplicada en niño enfermos de cáncer, pero lo que sí encontró fueron 46 mil 984 paquetes de pruebas rápidas de VIH para mujeres embarazadas “Kit de detección VIH 1&2 VIH Test”, de la marca Hangzhou Clongene Biotech Co. Ltd, hechas en China y proveídas al gobierno de Veracruz por la empresa Comercio y Servicios Administrativos e Integrales del Golfo.
El 9 de diciembre de 2011, siendo Pablo Anaya secretario de Salud de Veracruz (Sesver), el gobierno estatal convocó a la licitación pública estatal GEV-SSV-22-LPE-1-03-11, para las compra de ese tipo de pruebas. Tan sólo 21 días después, el 30 de diciembre de 2011, se le adjudicó la compra a Comercio y Servicios Administrativos e Integrales del Golfo, por lo que esta última debía dotar de 70 mil unidades del producto a un porecio total de 9 millones 49 mil 740 pesos. Cada prueba rápida tenía un costo unitario de 111 pesos y 45 centavos.
Las pruebas fueron enviadas a las 11 jurisdicciones sanitarias del estado y entregadas a los 926 centros de salud. Pero fue hasta julio de 2012, cuando comenzaron a señalarse las irregularidades con dichas unidades médicas contra el VIH. En la circular 1064/DSP/SPCE/DSR/2012 consta que la doctora Irasema Guerrero Lagunes ordenó a las jurisdicciones el resguardo y posterior regreso de las pruebas.
Los titulares de las jurisdicciones comenzaron a regresar a las oficinas centrales los “kit de VIH” y hasta diciembre de 2012, es decir un año después, las pruebas fueron resguardadas en el Almacén “A” de la Sesver.
Juan Echeverría Betancourt, jefe del Departamento de Adquisiciones y subordinado de Ricardo Sandoval Aguilar, director de Administración de Sesver, pidió a través de un oficio del 21 de enero de 2013, “que sean cambiadas las pruebas de SIDA, para mujeres embarazadas (…) por ser un productor inconsistente, con resultados inválidos”, según documentos oficiales a los que ejecentral tuvo acceso.
Hasta el 17 de mayo de 2013, cuando ya había un nuevo secretario de Salud, se giró el oficio 1421/2013, en el que se ordena al área jurídica interponer una denuncia en contra de la empresa Comercio y Servicios Administrativos del Golfo. Lo que se consumó el 29 de mayo ante la PGR iniciándose la averiguación previa PGR/VER/XAL/II/24/2013-C.O.E.
Pura facha
El domicilio de la empresa proveedora de las pruebas falsas de VIH no es más que una vecindad, en la que nadie tiene conocimiento de una compañía ni siquera el nombre les suena. Durante la realización de este reportaje se buscó a quienes figuran en el acta constitutiva de la empresa, pero no respondieron.
En el sitio mexiquo.com se señala que el consorcio tiene su sede en la calle Francisco Javier Mina número 1022 de la colonia Ricardo Flores Magón de la ciudad de Veracruz, paradójicamente a menos de 50 metros del Hospital Regional de la ciudad. Aparece un número celular, un correo electrónico y dicen dedicarse al ramo de la construcción.
El número 1022 de la colonia Ricardo Flores Magón no es más que un antiguo edificio de tres pisos que alberga un aproximado de 40 departamentos. Lo más cercano a una empresa es la fonda de al lado que ofrece comida corrida para los familiares de los pacientes del Hospital Regional.
“Aquí no conocemos a nadie de esa empresa. Lo más de que hay aquí es el consultorio de un médico y un despacho de un abogado que vive aquí”, dice el portero que se idnetifica como “Señor Cano”.
Al consultar los datos del Registro Público de la Propiedad de la ciudad, reveló que el socio mayoritario de la empresa es un exfuncionario de la Secretaria de Seguridad Pública, Arturo Sarmiento Rivadeneyra, exsubdelegado de Recursos Financieros. Incluso Sarmiento se lanzó en 2006 como candidato a Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), el órgano estatal de vigilancia de la cuentas públicas, pero no consigiuió los votos del Congreso. Además de ser subdelegado, fue nombrado titular del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM).
Tenía la clave de trabajador 534 y por su rango dentro de Seguridad Pública, poseía un seguro de vida de un millón de pesos.
En la compañía también aparece Araceli Calderon Ruiz (de la que poco se sabe), como propietaria del 10% de las acciones de la empresa, y como Comisario empresarial Enrique Samberino Lara, actual jefe de la Unidad Jurídica de la Comisión de Aguas de Veracruz, un conocido motociclista en la ciudad y en algunos eventos municipales se ostenta como “representante personal” del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
La empresa fue fundada el 19 de febrero de 2010 ante el notario número 27 de Veracruz, Javier Herrera Cantillo. La empresa no tiene domicilio de manera oficial, aunque en internet aparece el 1022 de la calle Francisco Javier Mina, lo que sí aparecen son sus muy diversos fines:
“La manufactura, procesamiento, importación, exportación, compraventa, distribución y comercialización de toda clase de productos, artículos y servicios”.
Los niños las víctimas
“Lo preocupante es que durante el sexenio pasado el derecho a la salud se violentó desde antes del nacimiento”, sostiene la doctora Patricia Ponce Jiménez, presidenta de la asociación civil Grupo Multisectorial de VIH-SIDA del estado de Veracruz. La doctora Ponce señala que desde el 2011 la asociación le dijo “al secretario de salud Pablo Anaya (2010-2013) que las pruebas eran defectuosas. Las aplicamos en dos compañeros con VIH positivo y las pruebas resultaba ‘falso-negativo’”.
El Grupo Multisectorial tuvo que esperar un análisis de las unidades, hecho por la propia Sesver, que dictaminó que las “pruebas sí eran funcionales”. Nuevamente se tuvieron que aplicar en dos personas con VIH positivo para demostrar que no funcionaban.
“Esas pruebas fueron guardadas, pero después fueron aplicadas. ¿Qué pasó con las 23 mil pruebas que no aparecen? Si a una mujer embarazada no se le indica que tiene VIH no toma retrovirales, pueda dar a luz por parto natural y dar de amamantar. Un recién nacido con VIH no soporta vivir más de dos años”, menciona la activista.