A la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados le salió “barato” excluir a la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Comisión Permanente, pues sus integrantes sólo serán amonestados públicamente.
Con el voto en contra de los los magistrados Mónica Soto y José Vargas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instruyó amonestar a los integrantes de la Jucopo por violentar la Constitución.
El apercibimiento será para los coordinadores de Morena, Moisés Mier Velazco; del PVEM, Carlos Puente; del PT, Alberto Anaya; del PAN, Jorge Romero; del PRD, Luis Espinosa; y del PRI, Rubén Moreira.
Se otorgó un plazo de 72 horas para ceder al grupo parlamentario un espacio en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que está integrada por 37 miembros: 19 diputados y 18 senadores.
Anteriormente, los integrantes de la Jucopo desacataron la instrucción de la Sala Superior del TEPJF aludiendo que no era de su competencia, por lo que serán amonestados; sin embargo, en este nuevo ordenamiento se le reiteró que, en caso de otra desobediencia, las medidas de apremio podrían escalar a la imposición de multas a los integrantes de la Jucopo y Mesa Directiva.
No existen antecedentes de que alguna fracción parlamentaria fuera excluida de un órgano parlamentario, como es la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ni que sus integrantes desobedecieran una instrucción girada por el propio TEPJF.
El órgano electoral le reiteró a la Cámara de Diputados que son “la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y sus resoluciones son definitivas, firmes e inatacables, por lo que deben ser cumplidas en los términos establecidos”.
“El incumplimiento de una sentencia es una falta que se debe sancionar por ser una vulneración directa a la Constitución”, enfatizó.
La próxima sesión parlamentaria está programada para el miércoles, por lo que deberán considerar dicha resolución.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, interpuso un recurso de controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la intención de revertir la resolución del órgano electoral.