La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió un recurso de controversia promovido por el gobierno del estado de Michoacán, para liberarse de lo dictado en el artículo 13 de Ley General de Educación, que obliga a la administración local a “prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros”.
Esta tarde el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá admitió a trámite el recurso con número de expediente 26/2019 y dio 30 días hábiles al presidente y al Congreso de la Unión para contestar la demanda.
La administración que encabeza Silvano Aureoles solicitó a la Corte anular el artículo 13, fracción 1, de la Ley General de Educación, que mandata a los estados tienen la obligación de impartir la educación básica.
En la misma controversia se solicita la invalidación de los artículos 26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal, según los cuales la Federación apoyará a los estados, “con los recursos necesarios para cubrir el pago de servicios personales correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas a los Estados, en el marco delAcuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica”.
Cabe señalar que desde el pasado 26 de noviembre el gobierno de Aureoles anunció que se retiraba del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica debido a que carecía de recursos para pagar a los maestros, esto en medio de protestas de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de de la educación que urgía el pago de nominas pendientes.
Además el estado de Michoacán pide la invalidación de los oficios de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fechados el 26 de noviembre y 14 de diciembre, según la demanda estos fueron actos de aplicación de las leyes que ahora reclama.
(Con información de Reforma) NR