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Jonathan Nácar

En 2020, en México y en el resto del mundo se padeció una fuerte conmoción por la pandemia de la Covid-19 y los esfuerzos por hacer frente a la emergencia. Pero otros motivos que durante ese año detonaron la preocupación de organismos internacionales como Amnistía Internacional (AI) fueron los altos índices violencia y las múltiples violaciones a derechos humanos que se originaron prácticamente a la par del aumento de contagios y fallecimientos a causa del SARS-CoV-2.

Nuestro país no fue la excepción. Detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, homicidios ilegítimos, una creciente violencia contra mujeres y niñas, abusos, torturas, malos tratos y un abanico de violaciones a los derechos esenciales de las personas migrantes, refugiadas, defensoras de derechos humanos, así como atentados contra la libertad de expresión y una serie de negligencias gubernamentales que causaron estragos en la atención de la pandemia se mantuvieron presentes a lo largo del año pasado.

Sin duda, un hecho aún más grave sobre la situación de México —la cual es señalada dentro del Informe 2020/21 de Amnistía Internacional respecto a la situación de los derechos humanos en el mundo— es el incitamiento que de alguna manera se genera desde los pronunciamientos y la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus constantes descalificaciones o menosprecios ante hechos tan preocupantes como el alza de feminicidios en el país, o la falta de protección y estigmatización de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

“El presidente estigmatizó en diversas ocasiones a las personas defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación, y minimizaba el problema de la violencia contra las mujeres”, sostiene el informe anual de AI, en el que se documenta la situación de los derechos humanos de 149 países durante el 2020, así como los llamamientos a la acción dirigidos a gobiernos y otros actores de los países revisados.

Para Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, las reacciones y descalificaciones del mandatario al asumir una crítica como un ataque significan un riesgo para que de alguna manera ciertas conductas se agraven e incluso puedan replicarse por parte de gobernadores en otras entidades. 

“El presidente cuando habla no solamente dice cosas, también manda ejemplos. Manda ejemplos de tolerancia al ataque hacia personas defensoras de derechos humanos, al ataque a organizaciones de la sociedad civil, y nos parece muy grave que esto pueda reproducirse en otras entidades federativas”.

En entrevista con ejecentral, la activista reconoció que el 2020 fue un año particularmente difícil, en el que la pandemia hizo visibles las desigualdades y la escalada de la violencia contra las mujeres, entre otras violaciones a los derechos fundamentales. También, en el caso de México “desnudó la debilidad del estado en su obligación de contar con servicios de salud robustos, gratuitos, eficientes”. 

Sin embargo, lamentó que ante las observaciones de AI no haya una respuesta favorable por parte del gobierno ni del presidente en mejorar, sino todo lo contrario: “hay indicios fuertes para pensar que no sólo no le va a gustar, sino que puede hacernos una crítica como las que él sabe hacer, diciendo que somos una organización conservadora, pagada por fundaciones y no sé quién más”. 

La plataforma. Las conferencias matutinas suele ser el escenario del presidente para minimizar las protestas en su contra.

El documento de más de 400 páginas es el primer informe bajo la dirección de la nueva secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, experta internacional en derechos humanos, quien entró en funciones apenas el pasado 29 de marzo de este año. En él, de manera generalizada se advierte que la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus puso en evidencia que las malas decisiones de los gobiernos no sólo causaron efectos contraproducentes y aún más adversos para las personas, sino que además “revelaron, y en ocasiones agravaron patrones ya existentes de abusos contra los derechos humanos y de desigualdad”.

En el caso mexicano, señala el organismo integrado por 10 millones de personas, la perspectiva de su toma de decisiones en cuanto al manejo de la emergencia sanitaria no resulta del todo favorable, pues acusa que “el gobierno reaccionó a la pandemia de Covid-19 con recortes del gasto público en diversas áreas”, lo que propició que fuera el propio personal de salud quien denunciara las carencias de acceso a los equipos de protección individual y las prestaciones necesarias para garantizar un entorno laboral seguro.

Dividido en 11 puntos principales, el apartado de México dentro del informe anual de Amnistía refleja de manera general los aspectos más relevantes que en el año se presentaron en cuanto a violaciones a derechos humanos, y que pusieron en entredicho la actuación de las fuerzas de seguridad, como fue el caso de Arturo Garza, el estudiante de ingeniería que a inicios de julio fue asesinado por militares en Nuevo Laredo; así como el de Jéssica Silva, la agricultora quien murió baleada en septiembre por elementos de la Guardia Nacional, en Delicias, Chihuahua, tras haber participado en las protestas de la presa “La Boquilla”.

También señala que en 2020 “aumentaron las denuncias de violencia contra las mujeres. Las fuerzas de seguridad siguieron llevando a cabo detenciones arbitrarias y haciendo uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos”; aunque incluye también que la Fiscalía General de la República informó de los avances logrados en la investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014, y que el Senado aceptó la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para examinar casos individuales.

El dato. México figura en las principales posiciones de Latinoamérica en debilitamiento del respeto a los derechos humanos.

Deshonrosa posición

Dentro de las principales áreas evaluadas por Amnistía Internacional, en cuanto a los países de la región de las Américas, México figura en las principales posiciones dentro de las anomalías y situaciones que debilitaron la protección y el respeto de los derechos humanos de las personas durante el año pasado. En ese sentido, por ejemplo, nuestro país junto con el gobierno de Ecuador, fueron dos de las naciones “que aplicaron medidas de austeridad en el momento más grave de la pandemia sin proteger suficientemente las necesidades económicas y sociales básicas de las personas y los grupos desfavorecidos”.

Bajo el lamentable hecho de que AI sigue considerando a la región de las Américas como “una de las más peligrosas del mundo para defender los derechos humanos”, México se ubicó dentro de las naciones reprobadas en la materia; pues al igual que en Brasil, Colombia, Perú y Venezuela, el país registró el asesinato de defensores y defensoras de los derechos humanos, así como agresiones, amenazas, procesamientos, detención arbitraria y vigilancia ilegítima.

“Quienes fueron los causantes de esta decadencia, de la crisis de México, ahora además de querernos culpar, se han convertido en feministas, en ambientalistas, en defensores de los derechos humanos, porque están muy inconformes con el hecho de que nosotros nos hemos dedicado a combatir el principal problema: la corrupción. Porque sabemos que sólo purificando la vida pública, acabando con la corrupción y con la impunidad vamos a tener una sociedad mejor”, señaló el presidente López Obrador el pasado 30 de marzo, cuando en su conferencia matutina fue cuestionado respecto a la alta incidencia de feminicidios.

Precisamente la violencia contra las mujeres es otro de los aspectos destacados por parte de Amnistía Internacional, pues reconoce que las medidas de confinamiento por la pandemia advirtieron “un aumento marcado de la violencia contra las mujeres”, incluyendo actos de violencia de género intrafamiliar, violación, homicidio y feminicidio en toda la región latinoamericana. En el caso de México, resultó ser uno de los más afectados, al reiterar que en 2020 se registraron 3 mil 752 homicidios de mujeres, de los cuales 969 se investigaron como feminicidios. Es decir, apenas el 25% de esos crímenes fueron considerados como delitos por razón de género.

La ola de violencia feminicida se enfocó en el estado de México, donde se registró la mayor cifra absoluta de feminicidios, seguido de Veracruz. Los estados de Colima y Morelos presentaron las tasas más elevadas de feminicidio por cada 100 mil mujeres; así como el incremento en las llamadas al 911 para denunciar actos de violencia contra las mujeres. Aministía Internacional advierte que desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo mantuvo su postura por denostar las protestas sociales que se derivaron de los crímenes de género y los recortes presupuestales que se pretendían aplicar para las Casas de Mujeres Indígenas y Afromexicanas y para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; en el Instituto Nacional de las Mujeres sí se recortó el 75% de su presupuesto operativo en julio del 2020, lo que representa alrededor de 151 millones de pesos.

“El presidente de la República seguía minimizando el problema de la violencia contra las mujeres, cuestionando la validez de las llamadas telefónicas realizadas a los servicios de emergencia para denunciar la violencia de género en el ámbito familiar y criticando las protestas de las mujeres contra los feminicidios”, señala el informe.

Ataques desde el gobierno

De la misma forma lo anticipó el Departamento de Estado de Estados Unidos como parte de sus informes anuales sobre prácticas de derechos humanos durante 2020. En su diagnóstico de México denunció entre otras violaciones graves y la permanencia de impunidad, la realización de campañas de desprestigio y ataques a la libertad orquestadas desde la propia agencia de noticias del Estado y su titular Sanjuana Martínez, y Amnistía Internacional reitera dicha situación.

“En mayo se tuvieron noticias de que Notimex, la agencia de noticias estatal, estaba involucrada en una campaña difamatoria contra varios periodistas y medios de comunicación que publicaban contenidos críticos con el gobierno. La campaña incluía una red de programas robot y cuentas falsas en las redes sociales supuestamente financiadas con fondos públicos”, indica el informe de AI respecto a la persistencia de amenazas, hostigamiento y ataques contra personas dedicadas al periodismo y los medios de comunicación, aunado a que hasta noviembre de 2020, al menos 19 periodistas fueron asesinados en ese año.

Respecto al informe del Departamento de Estado, se hace énfasis que las violaciones a derechos humanos y graves actos de corrupción como los asesinatos, la violencia contra las mujeres, los ataques contra la prensa, la actuación de los grupos delincuenciales y los abusos cometidos por las autoridades no sólo fueron una constante en el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino que prácticamente en todos los delitos se mantuvieron altas tasas de impunidad. El mandatario mexicano reiteró su descalificación hacia el informe y las organizaciones encargadas de documentar los abusos en Notimex.

“Nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, somos respetuosos, no podemos opinar sobre lo que sucede en otro país, entonces ¿por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que sólo competen a los mexicanos? ¿Por qué se lanzan en contra de Sanjuana? Que ya la volvieron famosa, además, es una mujer que tiene todo nuestro respeto, una buena periodista”, cuestionó el presidente al siguiente día de la publicación del informe dado a conocer por el secretario de Estado del gobierno de Joe Biden, Antony Blinken. 

Para la directora de Amnistía Internacional México, los indicios sobre la postura y las reacciones del presidente López Obrador advierten que el informe 2020/21 y las observaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, serán blanco de descalificaciones.

Sabemos que el presidente es intolerante a las críticas. No sólo a los que vienen de la sociedad civil, también a los contrapesos de los organismos públicos autónomos” Tania Reneaum directora ejecutiva de Amnistía Internacional, México.

Alertas de un estado “en transformación”

Estas son las principales preocupaciones respecto a la protección de los derechos fundamentales que detectó Amnistía Internacional en México durante 2020:

  • El personal sanitario se enfrentó a contrataciones irregulares y a la falta de subsidio por enfermedad y otras prestaciones.
  • Persistieron las amenazas, el hostigamiento y los ataques contra personas trabajadoras de medios de comunicación.
  • Continuaron las amenazas y el hostigamiento contra personas que defendían los derechos humanos. Al menos 24 personas defensoras y activistas fueron asesinadas.
  • La tortura y otros malos tratos siguieron siendo motivo de honda preocupación.
  • Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo continuaban enfrentándose al uso excesivo de la fuerza y a la detención arbitraria por parte de las autoridades.
  • Las desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado y a manos de agentes no estatales seguían siendo motivo de preocupación, mientras los sospechosos de cometerlas gozaban de una impunidad casi absoluta.

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