Mis deseos por la recuperación ya de Emilio Chuayffet
Con el cambio de nueve gobiernos estatales este año y de 12 en 2016, resurge la necesidad de analizar la deuda de las entidades federativas, así como su sustentabilidad, que es mejor por cierto que la federal. La relación promedio del 3 por ciento de las entidades es por lo menos diez veces menor a la federal, aunque en algunas entidades ha crecido descuidadamente.
El crecimiento de su deuda está vinculado a la situación, estructura y dinámica general de sus ingresos en efectivo y al manejo de su gasto público, en un contexto de “federalismo centralizado”, que les inhibe facultades y les transfiere -la mitad condicionados- sus principales ingresos. Al respecto esta semana El Financiero destaca el cambio de la deuda respecto a las participaciones, de las nueve entidades que se van: como la recibieron en 2009 y como la dejan en 2015, años de crisis fiscal.
Para revisar la deuda es necesario analizar la relación entre su saldo y el monto de las participaciones en impuestos federales de las entidades federativas, que en promedio representan el 90 por ciento de sus ingresos totales, excepto para el DF, que recauda directamente más de la mitad de sus ingresos. Aparecen con síntomas delicados, Nuevo León que pasa del 101 al 228 por ciento equivalente de sus participaciones, Sonora del 89 al 115, Michoacán del 52 al 87, Colima del 41 al 59. Baja Sur sigue igual, del 56 al 57 por ciento y Guerrero del 18 al 22. No es significativo lo de Campeche que pasa de cero a 21 por ciento, ya que esta entidad ha tenido un buen manejo de sus finanzas públicas, recauda casi una quinta parte de sus ingresos en efectivo y baja la de Querétaro del 27 al 18 por ciento, también con un buen manejo de su hacienda, aunque perdió las elecciones. Sin hacer mucho ruido, destaca San Luís Potosí, del 57 que dejó el anterior Gobernador, al 38 que va a dejar el Doctor Toranzo, cuya presión fiscal mayor deriva, al igual que en otras las entidades, del déficit generado por el FAEB, por su mala fórmula y aplicación dolosa de la misma, cuyo déficit es mayor que la deuda pública de esa entidad federativa. Además la relación deuda/PIBE de SLP, es muy menor respecto al promedio nacional.
Por otra parte, la deuda de 10 entidades, representa tres cuartas partes de los 510 mil millones de deuda registrada, sin considerar los PPS y los Bonos Cupón Cero que si son deuda pública, los cuales significan otro monto importante.
Cinco significan la mitad: DF, NL, Chihuahua, Veracruz y EDOMEX; los cinco siguientes Coahuila, Jalisco, Chiapas, QR y Sonora. Pero se les acercan otros como Oaxaca. Otro indicador utilizado es la relación con el PIBE, cuyo promedio es del 3 por ciento. Al respecto hay signos vitales delicados, en Chihuahua (8.6 por ciento), QR (8.4), Coahuila (6.5), Chiapas (6.2), Nayarit (5.4), NL (4.9), Michoacán (4.7 por ciento). Mejores señales de los que cambian este año, en SLP (2 por ciento), Querétaro (0.7), Guerrero (1.2), Campeche (0.2) y Baja Sur (1.7).
La sustentabilidad de la deuda pública tiene que ver con la solvencia de la entidad federativa en el mediano y largo plazos, así como los esfuerzos fiscales necesarios para darle suficiencia a su servicio -capital e intereses-, sin recurrir a cambios fiscales que afecten a los ciudadanos al limitar el gasto social, ni a los contribuyentes. Para pagarla algún día y eliminar su servicio de los presupuestos de las entidades federativas, es urgente realizar cambios profundos en el sistema de coordinación fiscal, revisar el reparto de facultades tributarias, el gasto federalizado, las bases de sistema integral de presupuesto, una Ley de Coordinación Hacendaria, mejor transparencia y regresar al federalismo fiscal, con responsabilidades compartidas.
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